Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), cree que la Agencia Tributaria debe investigar los préstamos que una decena de empresarios y amigos le han hecho al rey emérito para que pague los 4.395.901,96 euros de su segunda regularización fiscal. En opinión de Cruzado, “hay indicios de que no se trata realmente de créditos, sino de donaciones”.
El presidente de Gestha reconoce que, si la documentación está en regla, es muy difícil demostrar el carácter fraudulento de un crédito, ya que solo el paso del tiempo permite comprobar si se reclama su devolución, pero añade que Hacienda debe aclarar cuál es la naturaleza real de las operaciones financieras, más allá de la formal.
“Es relativamente habitual que se hagan préstamos simulados para encubrir donaciones”, agrega Cruzado, quien subraya que se trata de una forma de fraude tributario. En ese caso, al tratarse de cantidades millonarias, se superan con mucho los 120.000 euros del delito fiscal.
Esta es la segunda regularización fiscal que realiza Juan Carlos I. En diciembre pasado abonó 678.393 euros de deuda fiscal por los fondos que, entre 2016 y 2018, le suministró el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Entonces el rey emérito consiguió el dinero a través de una línea de crédito bancaria.