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La Agencia Tributaria desafía a Trabajo y oculta los informes de la sede que sufrió derrumbes en Valencia
Sede de la Agencia Tributaria en Guillem de Castro. GUILLERMO LUCAS
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El delegado Manuel Cabrera esconde los documentos desde 2016
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Cayeron más de 30 metros de falso techo. Por suerte, de madrugada
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Inspección exigió el acceso a los expedientes el pasado mes de abril
La otrora sede de la Agencia Tributaria en Valencia, ubicada en el número 4 de la calle Guillem de Castro, es un edificio fantasma desde el 7 de julio de 2016. La madrugada de aquel San Fermín -por suerte ocurrió sin empleados en el edificio- cayeron más de 30 metros cuadrados de falso techo en la planta baja del inmueble. Y desde entonces la Junta de Personal (en la que participan los sindicatos) solicita los informes previos al desprendimiento. Se los exige al delegado especial en Valencia, Manuel Cabrera, quien oculta la información a pesar de que el pasado mes de abril se los reclamó también la Inspección de Trabajo, según la documentación a la que ha tenido acceso elEconomista.
Los empleados piden la documentación para conocer si la Agencia Tributaria tuvo conocimiento previo del peligro que entrañaba el inmueble, una suspicacia lógica si se atiende a los antecedentes. Porque el gran desplome de julio de 2016 se produjo tras uno previo en marzo del mismo año, en la cuarta planta del edificio. Alertada por este primer incidente, la Junta de Personal solicitó el desalojo total, pero la Delegación Especial de la AEAT optó por instalar redes de seguridad y trasladar solo a 50 empleados de las plantas superiores.
Entre los documentos a los que quiere acceder la Junta de Personal se encuentra un informe del Arquitecto Jefe de la Delegación Especial de la AEAT en Valencia con fecha de 14 de marzo de 2016 (realizado tras el primer derrumbe). La existencia del mismo la acredita el contrato de adjudicación a Grupo Bertolín para la instalación de las mencionadas redes de seguridad. En dicha documentación, citando el informe, se reconoce la existencia de "grave peligro para las personas y para las cosas, incluyendo instalaciones y material informático", y con tal argumento se justifica la "declaración de emergencia de las obras a realizar". Tales redes contuvieron el gran desprendimiento que se produjo después en julio, pero cedieron hasta quedar muy cerca del suelo, según testimonios recogidos por la Junta de Personal.
Ante la negativa de Cabrera de proporcionar los informes previos al gran derrumbe, delegados de prevención de la Junta de Personal de la AEAT de Valencia -pertenecientes a los sindicatos Ucesha, Gestha, CCOO y UGT- denunciaron la situación ante Inspección de Trabajo en junio de 2017, y el pasado mes de febrero de 2019 el organismo se pronunció a favor de los mismos en su requerimiento definitivo. La Inspección asevera en su escrito que se les debe dar acceso a "la documentación preventiva que tienen solicitada respecto del edificio de la calle Guillem de Castro relativa al tiempo en el que estuvo albergado un centro de trabajo".
La precisión temporal responde a la excusa que puso Cabrera a Trabajo para ocultar los informes en sus alegaciones, en las que negó el acceso con el razonamiento de que la sede de Guillem de Castro dejó de ser de incumbencia de la Junta de Personal cuando esta quedó precintada por el segundo derrumbe. Pero lejos de atender a este argumento, la Inspección le replica al respecto que los delegados de prevención conservan su derecho "si la documentación que solicitan está referida a las condiciones de trabajo que se dieron durante el tiempo en el que sí se estuvieron desarrollando actividades laborales".
No obstante, pese a la claridad con la que se pronuncia la Inspección de Trabajo, Manuel Cabrera persiste en esconder los documentos. "Nos ratificamos en nuestras alegaciones", afirmó el pasado mes de abril en una carta remitida a los delegados de prevención firmada por él mismo. En la misiva, además, apuesta por una solución sorprendente: que sea su superior jerárquico quien decida si muestran o no los informes. En concreto, apela a "la apertura del procedimiento previsto en el artículo 5.6 (del reglamento previsto en el Real Decreto 707/2002 de 19 de julio de 2002) de tal forma que sea el superior jerárquico competente quien se pronuncie sobre la conformidad en derecho de la concreta medida objeto de requerimiento".
La respuesta a esta postura por parte de la Junta de Personal fue un escrito remitido al director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, en el que se solicita al mismo que acabe con las evasivas y facilite los informes a los trabajadores. En caso contrario, y tal y como establece la mencionada normativa, le piden que eleve la discrepancia al ministro correspondiente para que este la traslade a su vez al Consejo de Ministros. El periplo que marca la ley podría acabar con el asunto de los informes sobe el edificio en la mesa del futuro Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Los argumentos de la AEAT
Preguntadas al respecto por elEconomista, fuentes de la Agencia Tributaria subrayan que "desde el primer momento se mantuvo un contacto permanente con los representantes sindicales a través de sus delegados de prevención", si bien reconocen que no facilitan los documentos solicitados. "En este sentido, las reuniones que sobre este tema se han celebrado en el seno del Comité de Seguridad y Salud provincial (CSS). En las reuniones del CSS se ha informado sobre el contenido de los informes que se emitieron en su momento sobre el estado del edificio. Los delegados de prevención exigían copias de esos informes, por lo que acudieron al procedimiento previsto ante la Inspección de Trabajo", precisan.
