Técnicos de Hacienda ven "tachas de inconstitucionalidad" en las propuestas sobre progresividad de expertos

En comparación con la realidad europea, creen que España tiene "amplio margen de maniobra" para mejorar políticas de bienestar

   MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han alertado que el informe del comité de expertos sobre la reforma laboral contiene "tachas de inconstitucionalidad" en sus propuestas sobre la progresividad, que favorece a las rentas más altas, y además han lamentado su concepción desde una perspectiva teórica y que no garantiza a las administraciones públicas los recursos necesarios para sufragar las políticas públicas.

   En un comunicado, los Técnicos de Hacienda han advertido de que las propuestas relativas a la progresividad podrían atentar contra el artículo 31 de la Constitución que establece que cada contribuyente debe pagar en función de su capacidad económica.

   En este sentido, Getsha ha cargado contra al propuesta de "simplificación de los siete tramos" actuales del IRPF en cuatro, que ve como un "eufemismo que esconde una merma" de la progresividad. "De hecho", han explicado los Técnicos de Hacienda, ésta "está ligada directamente con el mayor número de tramos en el IRPF porque se ajustan más a los distintos niveles de renta".

   Igualmente, ha incidido en que la carga tributaria "la dan los tipos marginales que se anoten en la tarifa". En esta línea, ha recordado que la rebaja del tipo marginal y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio benefician al 4% de los contribuyentes con mayor poder adquisitivo, mientras que estos cambios tienen que ser compensados por el aumento de impuestos indirectos como el IVA, que son regresivos ya que perjudican la capacidad adquisitiva del 85% de los ciudadanos que ingresan menos de 30.000 euros.

   Además, desde Getsha han cargado también contra la supresión a medio plazo de la deducción por compra de vivienda, que ya no existe para las adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2013. Sobre este punto, consideran que esta medida "atenta contra la justicia tributaria" en la medida en que se suprimen "los derechos consolidados a casi seis millones de personas que están utilizando esta desgravación fiscal a día de hoy".

MARGEN PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

   Según los Técnicos de Hacienda, con las medidas contempladas en el informe no se garantiza a las administraciones públicos los recursos necesarios para sufragar las políticas públicas. "Los expertos, fieles a los límites marcados por el Gobierno, elaboraron un documento con propuestas que no suponen una merma para las cuentas públicas, pero en comparación con la realidad europea, España tiene un amplio margen de maniobra para mejorar las políticas de bienestar", han justificado.

   En cuanto a este punto, desde Getsha han recordado que la presión fiscal española se sitúa siete puntos del PIB por debajo de la media europea, mientras que el gasto público representa unos seis puntos menos, "por lo que la potencia recaudatoria del sistema tributario español es mucho mayor de la que plantean los expertos y debería aumentar al menos en tres o cuatro puntos del PIB".

   Censuran igualmente que en el informe se acometa al lucha contra el fraude desde una perspectiva "meramente académica" e inciden en que reducir el volumen de economía sumergida --que se sitúa en el 24,6% del PIB-- requiere elaboración periódica de estudios y aumento de competencias y responsabilidades de la plantilla de la Agencia Tributaria a la hora de investigar y mayor coordinación para compartir bases de datos con autoridades autonómicas y locales de gestión tributaria.

PUNTOS EN COMÚN

   En la prevención del fraude fiscal, Gestha sí valora positivamente algunas medidas planteadas por los expertos en su informe como la supresión del sistema de módulos en Renta y el régimen simplificado de IVA.

    También comparte que la rebaja de las cotizaciones sociales puede ser una medida "para animar la contratación o, al menos no la dificultaría, aunque discrepan de la compensación que los expertos plantean". No obstante, de llevarse a cabo, defienden, debería compensarse con un aumento del gravamen en el Impuesto de Sociedades para las 3.000 mayores empresas del país.

   Estas, argumentan, pese a tener un tipo nominal del 30%, el tipo efectivo apenas llega al 3,5% de su resultado contable, una situación muy discriminatoria frente a la carga fiscal de las micro empresas y pymes. "Este gravamen especial sería un ingreso para la equilibrar las cuentas de la Seguridad Social", concluyen.