GESTHA plantea una reforma de los órganos de control del gasto público y exigir más responsabilidades a los gestores

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) plantean una reforma de los órganos de control del gasto público, desde el Tribunal de Cuentas hasta las Intervenciones de la Administración local, pasando por la propia Intervención General de la Administración del Estado y los propios de las Comunidades Autónomas. Una propuesta realizada durante el XXI Curso de la Inspección de los tributos locales, que organiza la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) y se celebra en A Coruña hasta mañana.

En concreto, su presidente, Carlos Cruzado, pide al Gobierno que acometa las reformas necesarias, tanto en la organización y funcionamiento de dichos órganos, como en los procedimientos a utilizar. Y es que, pese a que en la mayoría de los casos de corrupción política y empresarial aparezcan siempre delitos fiscales y de blanqueo de capitales, las debilidades en el control del gasto público están muchas veces detrás de los mismos.

Frente a la impunidad

Asimismo, el presidente de GESTHA propone el establecimiento de un nuevo régimen de exigencia de responsabilidad administrativa y, en su caso, patrimonial, al gestor del gasto, que corrija la actual impunidad de muchas actuaciones que aun no constituyendo delito o incumplimiento contable, supongan una irresponsable disposición de fondos públicos.

Respecto al tema de su ponencia, Cruzado pide más medios para evitar la ilegalidad que supone la externalización de la prestación de servicios de inspección tributaria en favor de empresas privadas. En este sentido, pone como ejemplo al ámbito de la Justicia, donde no se plantea en ningún caso que haya que contratar servicios para ayudar a los jueces y letrados a desarrollar sus competencias, a pesar del déficit de medios que también sufren.

Contratación de empresas privadas

El presidente de GESTHA lamenta que la ausencia de medios y recursos -junto a la falta de formación en muchos casos- haya llevado a muchos ayuntamientos a contratar a empresas privadas para labores de inspección tributaria y de procedimientos sancionadores que no garantizan la seguridad jurídica de los obligados tributarios y llegan a ejecutar competencias que implican ejercicios de autoridad, lo cual está prohibido en diversas normas.

Un problema que atribuye a la marginación que en ocasiones sufren las entidades locales en materia fiscal, por lo que respalda que la Administración Local cuente con más medios para desarrollar su trabajo, tanto en relación con la gestión tributaria en todas sus facetas como en lo que se refiere al control del gasto.

En paralelo, Cruzado sugiere contemplar las especificidades de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionador y de revisión recogidos en la Ley General Tributaria para dar respuesta a la estructura de las entidades locales, tal y como refrendaba la Comisión de expertos nombrada para la revisión del modelo de financiación local. De igual modo, destaca la necesidad de avanzar en procedimientos efectivos de intercambio de información entre Administraciones públicas en materia de fiscalidad.

Privatización de auditorías públicas

Finalmente, en cuanto a la privatización que en el ámbito de las auditorías públicas se viene realizando por la Intervención General de la Administración del Estado, el presidente de GESTHA no entiende que estando vetado legalmente el acceso a los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda a los nacionales de los países miembros de la UE, al implicar sus competencias la participación en el ejercicio del poder público, sin embargo, se puedan desempeñar esos trabajos por empresas privadas con trabajadores de cualquier nacionalidad.

Según el presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, “no puede decirse que toda gestión público-privada está siempre condenada a acabar salpicada por la corrupción. Pero son muchos los casos que van saliendo a la palestra que hacen pensar a los ciudadanos que aquélla supone un caldo de cultivo muy potente. Y ello es, sin duda, debido a un déficit de control en esta gestión frente a la puramente pública”.