El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 acaba de superar en el Congreso el examen de las enmiendas a la totalidad de la oposición. Y ahora que aumentar la recaudación -lo que podría lograrse fundamentalmente a través de un refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal- resulta más necesario que nunca para sufragar los incrementos del gasto público con los que mitigar los estragos de la pandemia, convendría elevar las funciones y responsabilidades de los técnicos del Ministerio de Hacienda para que combatir con más medios la evasión y el fraude fiscal más sofisticado y abultado.
En este contexto, el Gobierno debería valorar el trabajo altamente especializado que desarrollan los Técnicos en el Ministerio de Hacienda, y que tiene un importante reflejo en el ámbito judicial.
«Solo el 20% de la plantilla de la AEAT se concentra en la evasión de las grandes empresas y fortunas que acumulan el 72% de la evasión y fraude»
El aumento de procesos penales investigados por los tribunales de Justicia exige a la Agencia Tributaria que designe anualmente a cerca de mil funcionarios al peritaje y auxilio judicial, la mayoría Técnicos de Hacienda. Lo mismo ocurre con los Técnicos en la Intervención General del Estado, especialistas en auditoría y contabilidad y designados judicialmente, por ello, en los procesos relacionados con la corrupción política y económica. Y también la Unidad de apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción está integrada fundamentalmente por Técnicos de la Agencia Tributaria de la Intervención General del Estado (IGAE), dada su especial cualificación. Por ello, Gestha reclama a la Ministra María Jesús Montero que valore el trabajo especializado que los Técnicos desarrollan en el Ministerio de Hacienda como lo reconocen los órganos judiciales y fiscales y promueva la creación de un nuevo Cuerpo Superior Técnico, que conllevaría la elevación de sus responsabilidades y funciones.
Por otra parte, no puede ser que el 80% de la plantilla esté revisando las declaraciones de particulares, autónomos y pequeñas empresas, cuando apenas representan el 28% del fraude fiscal estimado en el país, mientras que el restante 20% de los efectivos se concentran en la evasión de las grandes empresas y fortunas, que acumulan el 72% de la evasión y fraude.
Cabe recordar que el fraude fiscal provoca anualmente unas pérdidas a las arcas públicas de 91.600 millones de euros: 60.600 millones por impuestos evadidos y 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social.
Al mismo tiempo, convendría estimar oficialmente la economía sumergida en España y diseñar una planificación para aumentar a medio plazo la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos y equipararnos a las plantillas medias de las Administraciones tributarias de los países europeos.
Más de 9 de cada 10 ciudadanos piensan que en España existe bastante o mucho fraude fiscal. Un porcentaje lo suficientemente elevado como para, además de incrementarlas responsabilidades de los Técnicos, incluir en los planes de estudio y formación los principales aspectos de la temática tributaria y presupuestaria para concienciar que las infracciones y delitos fiscales atentan contra los derechos económicos de la sociedad e impiden la vertebración social que se logra a través del gasto público en los servicios sociales fundamentales que constituyen el Estado del Bienestar.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)
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