La justicia fiscal y el equilibrio presupuestario protagonizan el punto 10 del preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para la formación de un Gobierno de coalición en España, en el que, además, ambas formaciones aseguran que la evaluación y el control del gasto público serán esenciales para sostener un Estado del bienestar sólido y duradero.
Pues bien, la inmersión del control del gasto público en el debate político resulta determinante, junto a la necesidad de dotar a nuestro sistema tributario de suficiencia, máxime teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha rebajado cuatro décimas sus previsiones de crecimiento para España y que, según sus cálculos, el déficit público se desviará tres décimas más de las pronosticadas por el Gobierno.
En este sentido, desde Gestha ya pedimos en nuestro XVI Congreso aprobar las modificaciones normativas precisas para evitar que los entes públicos, cualquiera que sea la forma que adopten, esquiven los controles a los que deben someterse dada su financiación con recursos públicos.
«En España se recauda poco y mal, tampoco es que se gaste mucho y bien. Los datos señalan que gastamos unos 50.000 millones de euros menos de lo que gastan, en promedio, nuestros socios comunitarios»
En esta línea, habría que establecer un régimen eficaz de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, así como del órgano que ejerce el control para evitar la impunidad frente a dispendios o inversiones en infraestructuras poco viables o ineficientes; realizar una publicidad efectiva de la actividad desarrollada y acceso a los datos económicos comprobados; establecer procedimientos para la coordinación efectiva entre los distintos órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, así como para dar publicidad de la actividad desarrollada por los mismos, habilitando herramientas que permitan tratar la información de las cuentas públicas; y regular, de forma efectiva, la obligatoriedad de colaborar con la Base de Datos Nacional de Subvenciones e informar de cualquier tipo de subvención.
A fin de cuentas, el objetivo pasa por evitar los abusos de muchas actuaciones que, aun no constituyendo delito o incumplimiento contable, supongan una irresponsable disposición de los fondos públicos.
Y es que si en España se recauda poco y mal, tampoco es que se gaste mucho y bien. Los datos señalan que gastamos unos 50.000 millones de euros menos de lo que gastan, en promedio, nuestros socios comunitarios; lo que puede terminar pasando factura a la salud de nuestro Estado del Bienestar, ya que en torno al cumplimiento de los objetivos que establece la Ley de estabilidad presupuestaria, dados nuestros compromisos con la UE, hoy por hoy, no cabe discusión alguna.
En nuestro país están fallando todos los órganos de control del gasto, desde el Tribunal de Cuentas hasta la intervención de cualquier ayuntamiento, con el agravante de que no existe una evaluación efectiva del gasto público, como demuestran los habituales despilfarros cometidos en nuestro pasado más reciente. Pero es que en la mayoría de estas situaciones no se han depurado las responsabilidades de los gestores, independientemente de que fueran políticas, contables o incluso penales. Por no hablar de los casos de corrupción, los cobros de mordidas, la financiación ilegal de partidos políticos…
Así pues, la urgencia de impulsar una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales, como recoge el preacuerdo sellado entre los, a priori, futuros socios de Gobierno; coincide con la necesidad de establecer un estricto control del gasto, de replantearse y reformular los mecanismos y herramientas de control existentes en la actualidad. Es decir, ha llegado la hora de reformular los órganos de control, empezando por el Tribunal de Cuentas, siguiendo por los órganos externos de las Comunidades Autónomas, pasando por los órganos de control interno -que son la Intervención General del Estado y las intervenciones de las Comunidades- y terminando por la Administración local, donde también se precisa reforzar las intervenciones en los ayuntamientos.
Asimismo, la reforma debe ser tanto organizativa como de los instrumentos empleados, puesto que el control se ha focalizado hasta ahora, sobre todo, en las auditorías financieras, olvidando muchas veces la implantación de procedimientos tendentes a desvelar las posibles irregularidades.
Finalmente, convendría terminar con la privatización de las auditorías públicas, derogando la norma que permite a la Intervención General del Estado recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la ejecución de su Plan nacional de Auditorías.
Y es que, a sabiendas de que el nivel de las políticas de bienestar es inferior a la media de la UE, con más razón un control estricto del gasto, respecto del cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficacia y eficiencia, debería ser una de las prioridades del próximo Gobierno, sea del color que sea.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/es-importante-hablar-control-gasto-publico/20191116110715168143.html
