Fallos en el control del gasto público

Si en España se recauda poco y mal, tampoco es que se gaste mucho y bien. Sino más bien al contrario, como demuestran los datos de los que se desprende que el gasto público en nuestro país es 4,7 puntos inferior a la media europea. O lo que es lo mismo, gastamos unos 50.000 millones menos que nuestros socios comunitarios.

Esa brecha afecta a la situación de nuestro Estado del Bienestar, pero no está el horno para bollos. El déficit del conjunto de las administraciones públicas se disparó hasta los 26.330 millones de euros, con un aumento de un 17 por ciento -interanual- durante los seis primeros meses de 2019. Y aunque, desde Bruselas, la presidenta electa de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ya se ha mostrado dispuesta a relajar las reglas del euro contra el déficit y la deuda, el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Ley de estabilidad presupuestaria no puede relajarse.

De ahí que más nos valdría que, en caso de repetirse las elecciones generales, los programas de los partidos políticos otorgaran el protagonismo que merece la necesaria mejora del control de la eficiencia del gasto público. Máxime teniendo en cuenta las últimas advertencias del Banco Central Europeo (BCE), que ya ha avisado de que en España no hay margen para subir el gasto ni para bajar los impuestos.

«Las mordidas y la corrupción suponen sobrecostes que pagamos todos los ciudadanos»

En nuestro país está fallando la fiscalización desde el Tribunal de Cuentas hasta la intervención local de cualquier ayuntamiento. No es que no haya habido eficiencia en el control del gasto, es que ni siquiera se ha evaluado. Por otro lado, se han conocido múltiples casos de enormes despilfarros, y en la práctica totalidad de estos casos no se han depurado las responsabilidades de los gestores, ya fuesen políticas, contables o incluso penales. Y para colmo, están los innumerables casos de corrupción, los cobros de mordidas, la financiación ilegal de partidos políticos, sobrecostes, todos ellos, que hemos pagado los ciudadanos.

La necesidad de articular un sistema fiscal justo y equitativo confluye con el requerimiento de establecer un estricto control del gasto, de replantearse y reformular los mecanismos y herramientas de control existentes en la actualidad. Y es que ha llegado el momento de reformar y dar una vuelta de tuerca a los órganos de control, empezando por el Tribunal de Cuentas, siguiendo por los órganos externos de las Comunidades Autónomas, pasando por los órganos de control interno -que son la Intervención General del Estado y las intervenciones de las Comunidades- y terminando por la Administración local, donde también se precisa reforzar las intervenciones en los ayuntamientos.

«Se debe mejorar la normativa para evitar que cualquier ente público escape a los controles»

La reforma debe ser tanto organizativa como de instrumentos empleados para esa evaluación de la eficiencia del gasto, puesto que la intervención se ha focalizado hasta ahora en las auditorias financieras en lugar de realizarse sobre los procedimientos de cumplimiento que puedan desvelar las irregularidades que se puedan cometer.

En primer lugar, los técnicos de Hacienda pensamos que habría que modificar la estructura de la Intervención General del Estado, dotándola de un modelo organizativo más racional en la atribución de funciones, que garantice la efectiva transparencia y eficacia de la función fiscalizadora. Además, consideramos prioritario el reforzar y ampliar el control permanente y la auditoría.

Por otra parte, convendría aprobar las modificaciones normativas precisas para evitar que los entes públicos -cualquiera que sea su forma jurídica- escapen de los necesarios controles a los que deben someterse como consecuencia de su financiación con recursos públicos. Asimismo, hay que establecer un régimen eficaz de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, así como del órgano que ejerce el control para evitar la impunidad frente a dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco viables o ineficientes; realizar una publicidad efectiva de la actividad desarrollada y acceso a los datos económicos comprobados; establecer procedimientos para la coordinación efectiva entre los distintos órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, así como para dar publicidad de la actividad desarrollada por los mismos, habilitando herramientas que permitan tratar la información de las cuentas públicas; y regular la obligatoriedad de colaborar con la Base de Datos Nacional de Subvenciones e informar de cualquier tipo de subvención.

Finalmente, convendría terminar con la privatización de las auditorías públicas, derogando la norma que permite a la Intervención General del Estado recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la ejecución de su Plan nacional de Auditorías. En definitiva, si es de general conocimiento que las Administraciones españolas en situación de déficit presupuestario tienen que recurrir al endeudamiento público para sostener los gastos, en un contexto en el que el nivel de las políticas de bienestar es inferior a la media de la UE, con más razón un control estricto del gasto debería ser uno de los retos que esté en la agenda de los partidos políticos planteando cómo podrían mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público.

"Cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco", dijo Benjamín Franklin. Controlémoslos para no ser náufragos a la deriva.

ENTIDADES

 Carlos Cruzado Presidente de GESTHA