PUBLICADO 03.12.2018 - 12:49 ACTUALIZADO3.12.2018 - 16:38
El Ministerio de Hacienda habilitará desde esta misma tarde la solicitud de devolución del IRPF que haya sido retenido de las prestaciones por maternidad y paternidad en los años 2014 y 2015, mientras que las de los ejercicios 2016 y 2017 empezarán a devolverse en enero de 2019, según ha informado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que estima que la cuantía total ascienda a 1.200 millones de euros.
De media, las madres recibirán 1.600 euros por hijo, mientras que la devolución media para los padres será de 383 euros. El Ministerio espera empezar a realizar las devoluciones esta semana y haber concluido todas las entregas en abril.
Para pedir la devolución, los contribuyentes afectados podrán utilizar las mismas vías que se usan en la presentación de la declaración de la renta online: el sistema con número de referencia de la última declaración, el sistema con clave PIN y el certificado electrónico. El formulario estará disponible desde esta tarde en la página web de la Agencia Tributaria para quienes quieran presentarlo en papel.
Para ello, los padres no tienen que presentar ningún justificanteacreditativo de las prestaciones ni ninguna otra documentación adicional, sino que sólo deben indicar el año o los años en los que han recibido esa prestación, la fecha de nacimiento del bebé y un número de cuenta de la que sean titulares en el que ingresar la devolución.
Impacto en el déficit
La ministra recalcó que el impacto que tendrá la devolución de esta cuantía en las cuentas públicas "estaba contemplado desde el momento en que se hizo pública la sentencia", de forma que parte se atribuirá a 2018 y parte a 2019.
"Está contemplado en el objetivo de déficit con el que acabará el año y también en la desviación que se ha comunicado a Bruselas para el próximo año", afirmó.
Reconoció también que Hacienda todavía no ha hecho el cálculo de cuántos de los contribuyentes que recibirán la devolución lo harán con un interés de demora.
Lo extienden a funcionarios
Aunque la sentencia solo dictaba que se debía devolver el IRPF a los contribuyentes que hubieran recibido prestaciones de maternidad y paternidad de la Seguridad Social, el Ministerio va a extender esta ventaja a los que cotizan por mutualidades: a los funcionarios.
"Creemos que sería injusto y por tanto vamos a dar un salto de gigante en la sentencia y vamos a comprometernos a proponer un cambio legislativoque permita también a los funcionarios y funcionarias una compensación por el IRPF que se soportan en la prestación por maternidad y paternidad", ha señalado la ministra.
El Gobierno calcula que un total de 1.780.014 progenitores a los que la Seguridad Social les ha retenido el IRPF de las prestaciones en los últimos cuatro años podrán solicitar la devolución, mientras que en el caso de los funcionarios creen que la cifra de afectados ascenderá a 1.086.000. La cuantía total de 1.200 millones incluye las devoluciones de ambos colectivos.
El sindicado de Técnicos de Hacienda (Gestha) creen que la decisión del Gobierno de incluir a los funcionarios servirá para acabar con la "discriminación" que sufrían hasta ahora, pero piden también cambios legales para que las solicitudes que fueron desestimadas antes de la sentencia de octubre del Tribunal Supremo sean revisadas.
En este sentido, proponen "una solución excepcional durante un semestre y que se les permita solicitar la devolución de esos importes" y solicitan también que "se unifique el criterio de no imponer sanciones por declarar fuera de plazo a los trabajadores que no hayan presentado la declaración por no estar obligados y ahora les resultara alguna cantidad a devolver".
En este contexto, también piden una solución legal para que se permita ejercer la opción de la tributación conjunta a aquellos que presentaron la declaración individual y ahora les puede convenir y anima a los contribuyentes a que rectifiquen la declaración presentada del IRPF 2017para "reducir la base declarada y poder optar a otras ayudas públicas", como asignación de plazas de colegios, bonos sociales, ayudas al alquiler, etc., cuya concesión dependa precisamente del umbral de ingresos declarados.
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