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El Código Tributario de Cataluña cumple con la normativa vigente en materia fiscal en España, según Gestha
Jueves 20 de octubre de 2016, 18:52h
Aunque quieran incluirlo dentro del conjunto de normas para la desconexión de Cataluña.
El nuevo Código Tributario de Cataluña, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten y previsiblemente se rechazarán hoy en el Parlamento de Cataluña, está redactado dentro de las posibilidades que permite la normativa vigente en España y, de hecho, presenta muchos paralelismos con las figuras fiscales estatales, según los Técnicos del Hacienda (Gestha).
En concreto, el colectivo señala que este código está redactado de acuerdo con la normativa vigente en la Ley General Tributaria (LGT) y con la normativa que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía. Gestha indica que el Código Tributario catalán establece de forma sintética los principios generales, facultades, derechos y obligaciones del sistema tributario de Cataluña siguiendo el contenido de la legislación básica que establece la LGT en el ámbito estatal, aunque con mucho más desarrollo que la normativa propuesta en Cataluña.
Por ello, los Técnicos avisan de que se ha tenido especial cuidado para que este código no sea tachado de inconstitucional, a pesar de que los grupos proponentes lo configuren como una de las leyes de una hipotética y futura ‘desconexión’ de Cataluña con el Estado español. Así en opinión Gestha, desde una perspectiva exclusivamente técnica, el texto propuesto casa con el sistema tributario estatal. De hecho, pocas novedades se aprecian en la Agencia Tributaria Catalana que establece esta proposición de ley, la cual se configura en el ámbito de los impuestos exigidos por la Generalitat como un espejo de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT).
Entre las novedades, en lo referido a los recursos económicos de la agencia catalana, Gestha destaca el porcentaje de la recaudación procedente de sus liquidaciones y de la gestión tributaria, ingresos con los que ya cuenta la AEAT. También destaca la previsión de integrarse en consorcios con otras administraciones tributarias para colaborar de forma más estrecha –una medida que Gestha viene defendiendo para que la AEAT haga consorcios con las distintas Agencias tributarias autonómicas para mejorar la eficacia de lucha contra el fraude y obtener grandes ahorros por las economías de escala-, así como la suscripción de convenios de colaboración con las entidades privadas con el mismo fin.
Por último, destaca la creación de nuevos cuerpos de funcionarios para su adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria Catalana, por lo que Gestha insta a la AEAT a que desbloquee la integración de los 6.500 miembros del cuerpo técnicos de Hacienda en un escalafón superior que asuma más responsabilidades con el objetivo de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el fraude.
El Consejo Fiscal de Cataluña, la novedad más polémica
Ahora bien, para Gestha la novedad principal de esta proposición de ley es la creación delConsejo Fiscal de Cataluña, un organismo que nace con vocación de interlocución permanente entre la administración tributaria catalana y los colegios profesionales y asociaciones de asesores fiscales que ejercen en Cataluña y que contará con amplias funciones, como proponer estrategias para mejorar la eficiencia del sistema fiscal catalán, gestionar el registro de asesores fiscales de Cataluña o evaluar los resultados del Plan de Control de la Agencia Tributaria de Cataluña, entre otras.
Según Gestha, es importante evitar que este organismo se acabe convirtiendo en un lobby si hay una sobrerepresentación de asesores fiscales a la hora de tramitar e informar normas tributarias, por la posición de privilegio de la que gozarán si se lleva a cabo esta legislación. Por ellos, los Técnicos defienden que se enmiende el articulado para que la actuación de los asesores fiscales se circunscriba a la mejora técnica de los textos normativos y se excluya del Consejo Fiscal cualquier opinión que afecte al fondo de la política tributaria, la cual tendría cabida en el trámite de audiencia de los anteproyectos normativos como cualquier otro colectivo o particular interesado.
No obstante, la cuestión más polémica del Consejo Fiscal es la Comisión Técnica Consultiva que, al igual que otra comisión consultiva en el ámbito estatal, se encargará de informar con carácter vinculante de los supuestos de conflicto en la aplicación de las normas tributarias, es decir, en el abuso del derecho para obtener ventajas fiscales.
Esta comisión técnica contará con un vocal del ámbito académico entre el número de personas designadas por el Parlamento de Cataluña. De este modo, por primera vez una persona que no es parte del cuerpo de funcionarios de la administración tributaria conocerá un expediente concreto y participará en el informe vinculante que se prepare para la Agencia Tributaria catalana, lo que puede generar controversia y que a buen seguro será objeto de debate en el Parlamento Catalán, especialmente respecto a la falta de previsión de las consecuencias de un eventual incumplimiento del deber de confidencialidad que debe garantizar el Consejo Fiscal.
