Barcelona 6:00 - 30/12/2024
La autodenominada financiación singular de Cataluña, un remedo del concierto económico vigente en País Vasco y Navarra, es la clave de bóveda del gobierno de Salvador Illa. ERC impuso la reforma de la financiación autonómica como condición indispensable para investir al dirigente socialista, por lo que Govern ha reiterado que cumplirá este compromiso pese a la oposición palmaria de los funcionarios de alto rango de Hacienda. Aunque el despliegue del nuevo sistema llevará varios años, como reconoce el propio ejecutivo autonómico, el Govern se ha marcado un primer paso: la gestión de la Campaña de la Renta de 2025.Para lograrlo, a lo largo del próximo año deberían ponerse las bases legales y técnicas para que los contribuyentes declaren sus ingresos en 2026 ante la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en vez de ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Fuentes consultadas por elEconomista.es remarcan las dificultades de este cambio en la llamada llave de la caja teniendo en cuenta, además, el escaso margen temporal.No solo por la falta de personal de la ATC –Illa ha reconocido que se necesitará multiplicar por cuatro la dotación de la 'Hacienda propia', que hoy solo cuenta con 852 empleados de los cuales únicamente un 34% pertenece a cuerpos tributarios–, sino porque actualmente las retenciones no se depositan en una cuenta bajo control de la Generalitat.
Hasta la fecha, tampoco se ha llevado a cabo ninguna campaña informativa entre los propios trabajadores de la ATC ni entre las empresas sobre cómo proceder a partir del próximo año ante la entrada en vigor de una Campaña de la Renta autóctona.
No extraña que tanto IHE como Gestha, que representan a los inspectores y técnicos de Hacienda, respectivamente, hayan coincidido en criticar los acuerdos de financiación suscritos entre PSC y ERC.Ambas organizaciones han denunciado los agravios que podría acarrear el nuevo modelo en la lucha contra el fraude fiscal al fragmentar la base de datos única de Hacienda, una de las instituciones del Estado que funciona de forma más eficaz. El descuelgue de la administración tributaria en Cataluña también podría entorpecer las devoluciones del IRPF.
IHE puso de manifiesto estas complicaciones en un congreso celebrado el pasado octubre, donde añadió que también surgirían problemas en la localización de contribuyentes famosos y en el control de grandes patrimonios y multinacionales. La oposición de los inspectores es total. Hasta el punto de que han amagado con recurrir ante los tribunales cualquier ruptura de la administración tributaria.Hay otro problema de fondo: los trabajadores más cualificados de la AEAT no desean enrolarse en la Generalitat. Según las fuentes consultadas, la mayoría de ellos prefieren seguir adscritos a la Administración General del Estado para elegir un nuevo destino en otra autonomía si así lo desean.Por otro lado, perciben retribuciones elevadas, por lo que sería difícil seducirlos con tablas salariales más generosas. Recuerdan que la Generalitat ya creó una pasarela para que los inspectores y gestores se pasaran a la ATC sin apenas éxito. Para más inri, este mecanismo fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2015.