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En el marco de su ambicioso proyecto de reforma fiscal, el Gobierno de España presentó una propuesta que buscaba imponer un IVA del 21% a los pisos turísticos, en contraste con el 10% que actualmente pagan los hoteles. Este intento por controlar el mercado del alquiler vacacional no logró el respaldo necesario en el Congreso, quedando en el tintero una medida que podría haber transformado significativamente el panorama del alojamiento turístico en España.
El endurecimiento de la tributación para los pisos turísticos pretendía, por un lado, equilibrar la balanza con el sector hotelero y, por otro, desincentivar la proliferación de alquileres vacacionales, que se han convertido en una de las modalidades de arrendamiento más lucrativas. Actualmente, los propietarios de estos pisos están exentos de pagar IVA, a menos que ofrezcan servicios adicionales, algo que ha sido objeto de debate dada la competencia desleal que esto supone para el sector hotelero.
La propuesta de un IVA elevado surgió en un contexto donde la percepción de externalidades negativas asociadas a los pisos turísticos ha ganado protagonismo. Según Sumar, socio del Gobierno, estos alojamientos contribuyen a la gentrificación y dificultan el acceso a la vivienda permanente, debido a la extracción de propiedades del mercado tradicional. En contraste, los hoteles generan empleo y otras externalidades positivas.
Las implicaciones económicas de una subida del IVA a los propietarios de pisos turísticos habrían sido notables, obligándoles a elegir entre trasladar el incremento al precio final, ajeno al cliente, o bien asumir la reducción de márgenes. Esta situación recuerda cómo empresas como Mercadona han manejado en el pasado variaciones similares en el IVA, optando por diferentes estrategias para absorber los impactos en los costes.
Si bien el legislador busca fomentar el retorno al alquiler tradicional, la eficacia de estas medidas para mitigar la crisis del alquiler no está garantizada. Experiencias internacionales muestran que la restricción de opciones de vivienda turística no siempre alivia las presiones en el mercado de alquileres a largo plazo.
Para los hoteles, especialmente aquellos de gama media y baja, la introducción de un IVA del 21% para pisos turísticos habría significado una ventaja competitiva, al poder ofrecer tarifas más atractivas sin el peso de un IVA tan severo. Según expertos del sector, un ajuste en la fiscalidad podría fortalecer y diversificar los ingresos del segmento hotelero, promoviendo una competencia más equitativa y justificada.
La actual política del Gobierno refleja una voluntad de regular y monitorizar de cerca el sector de los alquileres turísticos, lo cual incluye medidas futuras como el registro obligatorio de estas propiedades. Sin embargo, mientras no se establezcan mecanismos fiscales adecuados, la gestión de este tipo de alojamiento seguirá presentando desafíos significativos para propietarios, turistas y las ciudades receptoras.
En definitiva, el debate sobre el IVA de los pisos turísticos no solo visibiliza una cuestión de justicia fiscal, sino que plantea interrogantes sobre cómo equilibrar el desarrollo económico turístico y el bienestar urbano. A falta de una solución definitiva, el sector sigue bajo la lupa de reguladores y economistas, esperando que las futuras políticas aporten claridad y sustentabilidad a este dinámico paisaje.
Fuente: Gestha
