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Moncloa anticipa a Bruselas que dará más margen de déficit a las CCAA en 2025
- Reconoce que la nueva senda fiscal incorporará un reparto de gasto más favorable para las regiones
- Activará la baza de la reforma fiscal para elevar los ingresos tributarios y amortiguar el esfuerzo fiscal
El Gobierno comienza a allanar el camino a una nueva senda de estabilidad que otorgue un mayor margen fiscal a las CCAA -al menos- en 2025, tal y como reclama Junts. El plan fiscal estructural que el Gobierno envió el martes a Bruselas incluye una senda de déficit "compatible" con un incremento del "margen adicional" para las regiones. Así lo confirmó Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al pasado Consejo de Ministros. "Creemos que es posible el acuerdo para que sea favorable con las CCAA, ajustándonos al 2,5%", reveló el ministro de Economía.
Durante los últimos días, los contactos entre el PSOE y el partido que lidera Carles Puigdemont se han intensificado. La formación reclama que la senda fiscal –sobre la que se cimentará el proyecto de Presupuestos- incluya un límite de déficit para las autonomías cercano al 1%, nueve décimas superior al aprobado, o fije un reparto de objetivos más favorable para aquellas regiones que más aportan al PIB nacional, con Madrid y Cataluña a la cabeza. Cualquiera de las dos opciones, obligaría al Estado a asumir un mayor esfuerzo de ajuste a partir del próximo año.
En el documento original, el Ejecutivo se reservaba un techo de déficit del 2,2%, otorgando a las CCAA uno del 0,1%. La propuesta de máximos de Junts reduciría ese espacio de desvío presupuestario para el Gobierno central hasta el 1,3%, algo que podría despertar las reservas de la Comisión Europea. Bruselas teme que la indisciplina de algunas regiones –como la Comunidad Valenciana o Murcia- añada varias décimas al objetivo final, y ve complicado que el Estado termine por ajustarse a un límite de déficit tan estricto. La AIReF prevé que ambas regiones cerrarán este año con un déficit superior al 1%. La negociación podría derivar en un término medio, que resulte en un reparto menos ajustado para el Estado, y que se acerque a un margen de gasto más cercano al 0,5% para las CCAA. El plan fiscal enviado a la UE prevé un ajuste fiscal anual del 0,4% del PIB cada año hasta 2027, unos 6.000 millones de euros anuales.
No obstante, plan fiscal comprometido con la Comisión Europea guarda un comodín que Moncloa activará a lo largo de 2025 para garantizar el cumplimiento de los límites de déficit. El documento enviado a Bruselas fuerza a España a aprobar una reforma fiscal –que ya habría comenzado a discutirse- y de la que se desconoce el contenido. Tan solo se sabe que podría la ratio de ingresos sobre PIB en 0,3 puntos hasta 2031, y que incluirá la permanencia de los impuestos a banca y energéticas. No obstante, la redacción del plan deja entrever que incluirá varias de las recomendaciones del Libro Blanco fiscal de 2022. El texto enviado propone medidas para "apoyar la transición energética y promover la equidad", también una revisión del "impacto de los beneficios fiscales".
El comodín de la reforma fiscal
El documento de trabajo que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, encargó a un grupo de expertos en 2022 propone cambios estructurales, como la supresión de alguno de los dos tipos reducidos del IVA, lo que podría elevar la recaudación -según los cálculos del Libro Blanco Fiscal- entre los 11.775 millones y los 17.123 millones de euros que se obtendrían con una simplificación total del impuesto. También se contempla la creación de un paquete de tributación medioambiental, que acerque la presión fiscal española a la europea. La UE recauda cinco puntos más por tasas verdes que España, 2,3 puntos frente a 1,7 puntos. Aunque en lo que más inciden los expertos es en la necesidad de acercar la progresividad de la tributación del IRPF a las rentas de capital, a la que grava los rendimientos de trabajo.
"Quien gana un millón de euros a través de las rentas de capital paga lo mismo que una persona con un salario de 42.000 euros a través de rentas de trabajo", recuerda el presidente de Gestha, Carlos Cruzado. Solo una reforma fiscal encarada desde un punto de vista estructural podrá garantizar una recaudación sostenible. "El sistema fiscal actual es como un coche con muchos problemas que no te permite circular por la autopista a 120 km/h", explica el catedrático de Economía Aplicada e investigador de Funcas, Santiago Lago. Los analistas reclaman un texto que no deje deje el rendimiento de la Agencia Tributaria al calor del crecimiento de la economía, como ha ocurrido tras el final de pandemia.
Un incremento de los ingresos por alguna de estas dos vías no solo lograría afianzar el cumplimiento de los compromisos de déficit, sino que permitiría mantener la regla de gasto –de entorno al 3%- planteada para los próximos siete años. "Si se aplican medidas de ingresos estructurales, el gasto podría crecer más", afirman fuentes del ministerio de Economía. No obstante, la reforma fiscal que integre cualquiera de estos cambios tributarios estructurales, debe contar con el aval del Congreso de los Diputados, lo que anticipa una dura batalla parlamentaria.
Junts se aleja de Feijóo y avanza hacia un acuerdo con el Gobierno
Junts endereza su rumbo camino al acuerdo sobre la senda de estabilidad con el Gobierno. "Negociamos pieza a pieza, corte a corte. Si ellos cumplen, seguiremos. Si no, no", dijo la portavoz parlamentaria Miriam Nogueras el pasado miércoles en declaraciones a RTVE.
Después de meses en los que la formación ha dejado caer varias de las iniciativas claves para el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, los de Puigdemont corrigen su estrategia. La moción de censura contra Sánchez -con la que el PP vaciló la pasada semana- terminó por forzar un respaldo inesperado de Junts al presidente del Gobierno. "Juntos no apoyará ninguna moción de censura del PP y VOX. Somos el único partido que no forma parte de ningún blog español. Nuestro compromiso es con Cataluña y los catalanes", confesó Nogueras. El partido que tuvo que rectificar -así- a la propia presidenta postconvergente, Laura Borrás, que -preguntada horas antes- había jugado al despiste una vez más con la posibilidad de poner a Sánchez contra las cuerdas. "Nuestros votos no pueden darse por hechos", dijo.
Sin embargo, el avance de las negociaciones con el PSOE provocó una pausa en el mantra al que Puigdemont se ha agarrado durante los últimos meses en la Cámara Baja. De hecho, el diputado Josep Pagès, no dudó en acusar al PP de gestar una operación para deslegitimar al "movimiento independentista". "Lo que hacen hoy es ruido. Puro teatro. No tienen ni un solo argumento jurídico", dijo el parlamentario de Junts en el Congreso la pasada semana.
En paralelo, los de Puigdemont siguen deslizando las condiciones que han puesto sobre la mesa que comparten con el PSOE, en la que negocian senda y Presupuestos en bloque. Además de un mayor margen fiscal, Junts exige el traspaso de cercanías inmediato, integral y con recursos. "Un traspaso integral en el que la gestión sea 100% de Cataluña a través FGC, y no con una empresa compartida con Estado", dijo Salvador Vergés, diputado de la formación en el Parlament catalán.
