Hacienda exprime el control sobre 570 empresas de lujo para destapar el fraude de las grandes fortunas

El Ministerio de Hacienda culminó durante el año 2022 un total de 1.130 expedientes de comprobación sobre grandes patrimonios por posible fraude fiscal. Con todos ellos se consiguieron aflorar 546 millones de euros, una cifra que eleva a casi 2.500 millones el dinero liquidado mediante esta vía de investigación desde 2018, ejercicio en el que nació la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes de la Agencia Tributaria. Buena parte de los últimos afloramientos, explican fuentes conocedoras, tuvo su origen en las pistas que ofreció el catálogo de proveedores de bienes y servicios de lujo, una herramienta de la que se sirven desde hace tres años los inspectores y técnicos de Hacienda para monitorizar los hábitos de los más ricos y destapar a potenciales defraudadores.

El catálogo de proveedores de bienes y servicios de lujo es una suerte de listado de 570 empresas del sector con el que trabaja esta unidad –perteneciente a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)–, de cuyo análisis se puede derivar el afloramiento de irregularidades fiscales de grandes fortunas y patrimonios directamente ocultos detrás de sociedades instrumentales. “Los resultados por este método mejoran año a año y en 2022 fue una herramienta fundamental para la detección del fraude”, añaden las mismas fuentes, que también destacan el uso del big data en todos estos trabajos.

El funcionamiento es relativamente sencillo. Según explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), los funcionarios del ministerio rastrean a estos 570 proveedores de lujo para tener constancia de cuál es la actividad de los grandes patrimonios que compran y contratan en estas firmas, así como de las sociedades mediante las que este tipo de perfiles opera. Esto permite, prosigue Mollinedo, poner el foco en contribuyentes que tienen elevados ingresos pero que escapan al control directo de Hacienda al minorizar sus declaraciones de la renta gracias a la utilización de sociedades interpuestas y otros instrumentos.

Puertos y clubes

El listado a vigilar está compuesto por joyerías, peleterías, galerías de arte, boutiques, marcas de vehículos de lujo, clubes sociales, restaurantes, gestoras de inversión patrimonial o empresas de viajes prémium, entre otras. Según apuntan las fuentes consultadas, en la clasificación se encuentran la mayor parte de las empresas y marcas que integran la Asociación Española de Lujo (Luxury Spain), entre las que se cuentan más de 30 hoteles como el Six Senses Ibiza, puertos deportivos como Port Adriano o casas de coches de la talla de Jaguar o Hispano Suiza. La Agencia Tributaria lleva un registro de sus clientes y analiza posibles irregularidades tributarias, ya que, afirman estas fuentes, la tenencia de productos de lujo se percibe en Hacienda como un indicio de que la persona en cuestión tiene un alto patrimonio y puede tratar de defraudar.

Por ejemplo, ilustra Mollinedo, hay casos de contribuyentes que no declaran el impuesto sobre el patrimonio y que presentan en la renta ingresos que no son demasiado elevados. Sin embargo, tienen puntos de amarre en puertos deportivos. “Es prácticamente imposible que alguien sin grandes ingresos y sin patrimonio pueda tener un punto de amarre a su nombre, sobre todo porque este servicio suele estar asociado a tener una embarcación en propiedad”. Lo mismo sucede con la compra de vehículos de alta gama por parte de contribuyentes que, de nuevo, no declaran en el IRPF cantidades llamativas. Esta pista puede dar pie a la identificación de sociedades instrumentales.

En otras empresas como joyerías, relojerías o peleterías también es relativamente sencillo identificar a los clientes, ya sean personas físicas o jurídicas. Por un lado, estos negocios están obligados a informar a Hacienda cuando venden a un particular un producto que supere los 3.000 euros. Por otro, la ley prohíbe desde hace un año que los pagos en metálico superen los 1.000 euros (el límite estaba fijado anteriormente en los 2.500 euros), por lo que la compra de gran parte de los productos y servicios de lujo directamente deja rastro gracias al abono con tarjeta.

Así, con todos los datos provenientes del listado y con el cruce de las compras efectuadas por un mismo cliente en varias de estas empresas, los técnicos e inspectores pueden poner el foco sobre estos potenciales defraudadores y exprimir los resultados para ir perfeccionando de vigilancia.

Evolución

Estas fórmulas, recuerda Mollinedo, no son del todo novedosas. Ya en la década de 1990 se empezó a analizar los conocidos como “signos externos”, que eran básicamente puntos de amarre en puertos deportivos, caballos en hipódromos, aeronaves y embarcaciones de recreo y vehículos de alta gama. El problema, añade, es que los asesores fiscales de los ricos aprendieron a anticiparse y a blindar a sus clientes ante estas comprobaciones. “Lo que ha hecho la Agencia Tributaria para contrarrestar esto ha sido modernizar los métodos y ampliar el abanico”, apunta Mollinedo, que sin embargo se queja de la falta de efectivos y de la “limitación de las competencias” que sufren los técnicos para “perseguir delitos contra la Hacienda Pública”.

En España, el número de grandes contribuyentes –los que declaran una renta anual superior a los 601.000 euros– ha ido creciendo con el paso de los años. En 2021, último con datos, se situó en las 12.178 personas, un máximo histórico. Por su parte, el volumen de contribuyentes que declaró entre 150.000 y 601.000 euros también avanzó hasta el récord de 123.000 personas. La mayor parte de estos perfiles se sitúan en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, aunque también en Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía, los lugares en los que están la mayor parte de empresas monitorizadas por la Agencia Tributaria.