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Esta es la lista de los autónomos controlados por la Agencia Tributaria por su uso de efectivo
Foto: Reuters.
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El Gobierno considera que favorece la economía sumergida
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Tiene un anteproyecto atascado para reducir el uso de efectivo
Una de los objetivos que se ha marcado la Agencia Tributaria de cara a 2021 es estrechar el cerco a los posibles fraudes que puede conllevar el uso de dinero en efectivo, y en este pilar de actuación de Hacienda los autónomos van a ser especialmente vigilados.
De acuerdo con el portal especializado Autónomos y Emprendedores, los autónomos serán vigilados con mucha atención porque en parte de sus negocios el uso de dinero en efectivo es muy frecuente, con lo cual se convierten en un sector en el que, por la presencia de esta práctica, hay que vigilar.
Dentro de los autónomos, no todos los grupos responden a esta situación. Autónomos y Emprendedores, citando fuentes del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), informan de que la hostelería, restauración, construcción, actividades inmobiliarias, comercio, recogida de fruta o los arreglos y reformas son los sectores en los que la vigilancia será bastante más intensa, ya que en ellos prima el uso de este dinero en efectivo.
Pero, ¿por qué se observa con tanta atención el uso de efectivo? La Agencia Tributaria, en su Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2021, habla del efectivo como un método de pago vinculado a la "economía sumergida" y explica que, por lo tanto, se observará a "aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas".
Estas cantidades, de hecho, podrían reducirse. El Gobierno presentó hace meses un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude, pero se ha atascado en trámite parlamentario y recibido más de 200 enmiendas en el Congreso de los Diputados. A falta que se estudien y debatan, la propuesta es de bajar el límite de uso en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para empresarios y profesionales.
Con todo, la voluntad del Gobierno parece clara. De hecho, se ha recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea destaca su anteproyecto de ley para facilitar "la trazabilidad de las operaciones y dificultando comportamientos defraudatorios".
