La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tenía el deber inexcusable de haber abierto una investigación tributaria a Juan Carlos I desde hace años, como la habría abierto a cualquier otro contribuyente con menores importes e indicios.
Más allá de preguntarnos por qué la inacción de la Agencia Tributaria y la lentitud de la Fiscalía del Supremo podría haber liberado a Juan Carlos I de sus responsabilidades penales y tributarias, convendría analizar hasta dónde podría alcanzar una investigación.
Una vez presentadas las declaraciones complementarias, “sin requerimiento previo de clase alguna”, la AEAT debe analizarlas para averiguar si los hechos regularizados son ciertos y si las declaraciones son completas.
«La Agencia Tributaria debe analizar las declaraciones para averiguar si los hechos regularizados son ciertos»
Es decir, la primera cuestión es dilucidar cuál es la naturaleza de las rentas por determinados gastos por viajes y servicios que realizó Juan Carlos I y qué asumió la Fundación Zagatka, a quiénes se les ha prestado dichos servicios por más de 8 millones de euros, dónde y cómo se cobraron y durante cuántos años se realizaron. Igualmente, debe analizarse las cláusulas de los préstamos, verificar las garantías y condiciones de la devolución e investigar su origen.
La segunda cuestión es averiguar si las declaraciones complementarias son completas a la vista de la información existente en las bases de datos, en las solicitudes de información internacional que la AEAT debe enviar, así como del exhaustivo análisis de la documentación que aporten los asesores del rey emérito.
En este sentido, la AEAT debe explicar con total transparencia si algún directivo ha dado algún tipo de asesoramiento o de visionado de las bases de datos a los asesores de Juan Carlos que les haya servido para confeccionar las declaraciones complementarias.
«Si resulta alguna incongruencia, el deber de la Agencia Tributaria es iniciar una inspección tributaria a Juan Carlos I»
Si resulta alguna incongruencia una vez analizados todos estos extremos, el deber que la AEAT aún tiene es iniciar una inspección tributaria a Juan Carlos I, mientras no exista una investigación judicial o una querella de la Fiscalía sobre los mismos hechos.
Además, deberían investigarse a todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en la comisión o encubrimiento de estos hechos, como por no haberlos denunciado a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones de Juan Carlos I.
Pero también es nuestro deber y responsabilidad colectiva, como empleados de la Agencia Tributaria, garantizar que ya no existen “escudos fiscales”, sobre todo cuando en septiembre de 2018 la Fiscalía anticorrupción advirtió al juez De Egea en la pieza número 5 del caso Tándem-Villarejo —pieza Carol— que “las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal”.
En este sentido, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) emitieron un comunicado el pasado día 12 de julio en el que manifiestan que las conversaciones, que han sido publicadas, “tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique”.
Así, Gestha viene reiterando desde hace tres años esta petición a la Agencia Tributaria. Las más recientes han sido el 15 de marzo del año pasado, cuando Zarzuela informó que don Juan Carlos no había facilitado información de la Fundación Zagatka y Fundación Lucum al rey Felipe VI; en julio pasado, cuando se publicó que los asesores del emérito exploraban esta regularización; en noviembre, cuando se conoció que el servicio antiblanqueo alertó a la Fiscalía de un trust en la isla de Jersey; y en diciembre, cuando presentó la complementaria por la donación.
