Nueve de cada diez contribuyentes piensan que los niveles de fraude fiscal son bastante o muy elevados y casi el 60% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para evitarlo, según el estudio 'Opinión pública y política fiscal', publicado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y parece que esa sensación no pasará desapercibida para el Gobierno, después de que en el preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos se señalara la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario como prioridades, comprometiéndose a aprobar la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y elaborar una Estrategia nacional contra el fraude fiscal; a reforzar los medios dedicados a esta lucha; a actualizar la lista de paraísos fiscales; a potenciar la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT; y a prohibir las amnistías fiscales. Asimismo, en el documento prometieron ampliar el listado de deudores a la Hacienda Pública, introducir límites más rigurosos para los pagos en efectivo, prohibir el “software” de doble uso e impulsar la unidad de control de grandes patrimonios.
Y es que el diferencial de la economía sumergida en España sobre la media europea supone que tenemos un volumen superior entre 85.000 y 90.000 millones sumergidos. Y ello tiene su traducción en términos de recaudación. De hecho, si la economía sumergida en España se redujera en diez puntos porcentuales, hasta el 13 ó 14% del PIB, en línea con los países homólogos europeos, y se implantaran otras medidas tributarias y organizativas y de concienciación social, podrían recaudarse, sólo por impuestos, un total de 25.000 millones adicionales al año. O lo que es lo mismo, casi cuatro veces más que con una subida de dos puntos en el IVA.
«Si la economía sumergida en España se redujera en diez puntos porcentuales, hasta el 13 ó 14% del PIB, en línea con los países homólogos europeos, podrían recaudarse 25.000 millones más al año»
La Agencia Tributaria recaudó el año pasado 10,6 euros por cada uno invertido en la guerra contra el fraude fiscal, aunque España cuenta con la mitad de recursos que la media de la UE y de la OCDE para librar esta batalla, hasta el punto de que nuestra plantilla ocupará este año el último lugar en la UE en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE.
Para ser más exactos, España tiene 24.712 efectivos menos que la media ponderada de Europa para luchar directamente contra la economía sumergida, una cruzada en la que participa un trabajador por cada 2.836 ciudadanos. Y, como consecuencia, el nivel de economía sumergida en nuestro país se aproxima al 25% del PIB, es decir, más del doble que en nuestro entorno. Un porcentaje que se hace sentir en los bolsillos de todos los contribuyentes, puesto que como consecuencia del fraude, cada año tenemos que pagar, cada uno de nosotros, 2.000 euros.
Un precio demasiado elevado como para que los principales partidos del arco parlamentario acerquen posturas y dialoguen en aras de alcanzar un Pacto de Estado contra la economía sumergida y el fraude fiscal, y de reforzar y dotar de mayores responsabilidades a los Técnicos de Hacienda, principal activo en la batalla para aflorar el dinero oculto y aumentar los ingresos.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
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