Hacienda, en busca de 38.000 millones «escondidos» por grandes fortunas

Pandora PapersPLATÓNILUSTRACIÓN

Habrá investigación sobre los «papeles de Pandora». Así lo ha confirmado la Agencia Tributaria, que va abrir diligencias sobre las posibles responsabilidades fiscales y penales que se deriven de los documentos filtrados a la Prensa. Según los datos conocidos hasta ahora, hasta 600 españoles estarían señalados a cuenta de operaciones y negocios opacos al control tributario y, al igual que se hizo con anteriores filtraciones –como los «papeles de Panamá»– se buscarán indicios de actividades defraudatorias.

Precisamente, Gestha, el sindicatos de los técnicos de Hacienda, ha realizado un primer cálculo en el que apunta que una investigación de las grandes fortunas en España recaudaría la mitad de los fondos europeos no reembolsables, unos 38.000 millones de euros, además de abogar por reducir los 41.911 millones de deudas tributarias pendientes en 2020, y evitar el desplome del 82% en las denuncias a la Fiscalía de delitos fiscales y del 72% en las cuotas delictivas descubiertas. Los técnicos consideran los papeles de Pandora son una oportunidad para iniciar estas investigaciones y han denunciado las carencias de la Agencia Tributaria, que ha impedido que se inicie «inmediatamente» la investigación de las personas aludidas para liquidar actas o presentar las denuncias por los posibles delitos fiscales cometidos.

Desde Gestha se advierte de que pese al tiempo que haya podido pasar sobre las actuaciones derivadas de Pandora, si estas personas no han incluido la titularidad de esas empresas «offshore» o las propiedades en el extranjero en el modelo 720 de bienes en el exterior, esos importes se calificarán «como una ganancia patrimonial no justificada que debe tributar en la base general del IRPF del último año no prescrito». Si no se hubiera hecho se calificaría inmediatamente como presunto delito fiscal. Según especifican, cualquier propiedad en el extranjero no declarada por importe superior a 250.000 euros de residentes en Cataluña, a 275.862 euros en Madrid o a 267.000 en las comunidades con un tipo marginal máximo del 45% en 2017, que son la mayoría, podría incurrir en un supuesto delito contra la Hacienda Pública.

El sindicato recuerda que las 2.116 inspecciones que realizó la Agencia Tributaria entre 2018 y 2020 a personas con grandes patrimonios motivaron una liquidación de 1.393 millones de euros, esto es únicamente un 2,9% de los resultados de la lucha contra el fraude en ese trienio. Por ello, el sindicato considera que «antes de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan, se debe hacer cumplir la ley fiscal a quienes no la cumplen, no sólo por motivos de suficiencia recaudatoria, sino por equidad, eficiencia y competitividad, y moralidad pública».

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprovechó ayer la petición de Gestha para insistir en que hay que investigar a los «grandes evasores» que privan a la sociedad de «recursos fundamentales» para sostener el Estado del Bienestar.

https://www.larazon.es/economia/20211005/s2jylpyy7vcwfpkw5dn2voetna.html