El fraude fiscal es una de las mayores losas para la recaudación tributaria en España, provocando un agujero en nuestras arcas públicas que, de cercarse, podría contribuir a reforzar nuestro Estado del Bienestar tras las graves consecuencias que tendrá la pandemia.
Pues bien, ayer se inició el trabajo de la Ponencia de cara a la futura Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que entre otros objetivos, debería servir para que a los técnicos del Ministerio de Hacienda se les aumenten las competencias y responsabilidades para luchar contra el fraude más sofisticado y los delitos fiscales, mejorar la ratio de cobro de las deudas tributarias, y recuperar la senda descendente en el volumen de la deuda pendiente, que desde los 42.770 millones alcanzados en 2019, habrá aumentado nuevamente en 2020 por las medidas de aplazamientos COVID.
Precisamente, la Ponencia debatirá, entre otras enmiendas, la evaluación sectorial y territorial de la economía sumergida, la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio de Hacienda, y el aumento de la colaboración entre administraciones tributarias y su transparencia.
En este contexto, conviene señalar la enorme diferencia defraudatoria según el tipo de entidad. Así, las rebajas de las bases imponibles negativas, de deducciones en cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar de las Grandes Sociedades de más de 100 millones de euros de ventas, representaron el 73% del total de estas actuaciones, nada menos que 5.250 millones en términos de incremento de cuotas tributarias “futuras”. Por otra parte, el Control de 880 personas con grandes patrimonios en 2019 reportó unas actas por unos 690.000 euros de media.
No obstante, tradicionalmente la AEAT dirige sus esfuerzos de control en el IRPF, que soporta el 75% de las actuaciones selectivas y extensivas, con una deuda media de 980 euros por contribuyente. Le sigue el control del IVA con un 25% de las actuaciones de Gestión e Inspección tributaria y Aduanera, descubriéndose una deuda media de 9.300 euros. Las actuaciones sobre contribuyentes en Módulos suponen el 14% a los que se les detecta un incumplimiento medio de 667 euros.
De ahí que las mayores competencias de los Técnicos serían determinantes para cumplir el cambio anunciado por el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que señala que “se deben concentrar esfuerzos en el control de los contribuyentes con grandes patrimonios, así como en sus entornos societarios y familiares”. Aumento de responsabilidades que también será necesario para “incrementar la eficacia y eficiencia del control tributario”, como uno de los objetivos fundamentales del componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recientemente remitido por el gobierno a Bruselas.
Finalmente, respecto al control del gasto público, las limitaciones de las funciones de los Técnicos en la planificación, coordinación y elaboración de los informes de auditoría pública, así como en la firma de los expedientes de fiscalización, reducen la eficiencia y la calidad del gasto público. Y, asimismo, supondrán una rémora para garantizar una adecuada gestión del Plan de Recuperación, dado el importante papel que a este efecto debe desarrollar la Intervención General de la Administración del Estado, como Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
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