El Gobierno admite la falta "ética" del rey emérito y Gestha critica la inactividad de Hacienda
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La vicepresidenta Calvo remarca que la forma de actuar de don Juan Carlos evidencia que España “es una democracia con un Estado de derecho riguroso”
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El rey Juan Carlos paga más de cuatro millones a Hacienda
La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha admitido que la nueva regularización que ha llevado a cabo el rey emérito “no es una buena noticia en sentido de la ética”, aunque también la ha considerado como un buen ejemplo de que “nuestro país es una democracia con un Estado de derecho riguroso”. Junto a las reacciones políticas destaca la del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), que ha emitido un comunicado en el que expresa su temor por que la "lentitud" de la Agencia Tributaria libre al rey emérito de sus responsabilidades.
En declaraciones a Canal Sur Radio, Calvo eludió cualquier elemento de crítica por la nueva regularización fiscal del monarca más allá del reproche ético, y remarcó que se trata de un “ejemplo de un país que funciona”, y que “le exige cuentas a todo el mundo”. Además, quiso disculpar el hecho de no ahondar en el asunto porque el Gobierno no debe “hacer pronunciamientos” al respecto pese a tratarse de una persona “singular”, porque don Juan Carlos, “no deja de ser un ciudadano que tiene que rendir sus cuentas, en este caso fiscales”.
Calvo ve en este caso un “ejemplo de un país que funciona” y que “le exige cuentas a todo el mundo”
Calvo ha no ha querido pronunciarse en profundidad sobre este asunto porque "ningún miembro del Gobierno podemos pronunciarnos de las relaciones de cada uno de los ciudadanos, incluido alguien que ha sido el Jefe del Estado, en sus obligaciones tributarias, en sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria”.
Y ha rechazado entrar a valorar el “comentario político” que suscita esta regularización, por más que se trata de un “derecho” que tiene “cualquiera” en nuestro país y que es “libérrimo”. Pero desde el Gobierno se antepone el “debido respeto a las obligaciones que cada uno tenemos en relación a nuestras cuentas y obligaciones tributarias”.
"El Gobierno no puede entrar a este tipo de expedientes” que “forman parte de las relaciones seguras de cada uno en relación con sus obligaciones” tributarias"
La noticia sobre la nueva regularización es la prueba, según la número dos del Gobierno, de que España es un Estado que actúa con “rigor” frente a “quien pueda estar incumpliendo las obligaciones”, ha remarcado. Pero algo muy distinto opinan los técnicos de Hacienda.
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han levantado la voz de alarma por las "muchas dudas" que provoca la nueva regularización, de manera que debería ser la Fiscalía del Tribunal Supremo quien investigara al respecto. En un comunicado, la entidad, advierte de que el rey Juan Carlos I podría librarse de sus posibles responsabilidades penales y tributarias debido a la "lentitud" de la Agencia Tributaria y la Fiscalía del Supremo.
La segunda regularización ha sido confirmada por el abogado del rey emérito
La segunda regularización ha sido confirmada esta viernes por el abogado de don Juan Carlos mediante una escueta nota en la que se cifra en 4.395.901,96 euros ese pago, incluyendo intereses de demora y recargos, y en la que se especifica que corresponde a “las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos de viajes y servicios” en beneficio de Juan Carlos. El pago se habría realizado gracias a las aportaciones de empresarios amigos del emérito.
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, cree que el rey tiene que dar más detalles a Hacienda sobre la naturaleza de las cantidades porque "un pago en especie corresponde a una contraprestación", y por tanto, "habría que ver cuál es la contraprestación"; si es un incremento del patrimonio no justificado, "habrá que determinar a qué obedecen esas cantidades no justificadas", y si fueran aportaciones de una fundación por los servicios a la democracia de la Corona, como se dice, "estaríamos hablando de una donación que exigiría una regularización similar a la que se hizo en diciembre".
Los técnicos de Hacienda expresan sus dudas por esta regularización y piden que la Agencia Tributaria y la Fiscalía del Supremo investiguen
Los técnicos de Hacienda hacen unos cálculos que no les cuadran porque el emérito no habría declarado más de 7 millones de euros por los viajes pagados por Álvaro de Orleans, pero avisan de que eso no cuadra con lo declarado por su primo ante la fiscalía de Ginebra. Pero además expresan sus dudas sobre la notificación que en su día hizo la Fiscalía al rey cuando en noviembre le hizo saber que le estaban investigando, permite esas regularizaciones.
Esta regularización, al igual que la primera, se realiza antes de recibir notificación formal de investigación, por lo que "la ley tributaria vigente respalda que el monarca emérito ya no habría cometido ninguno de los presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública" que se están investigando.
Frente al ejemplo de democracia plena que apuntaba Carmen Calvo, desde Podemos han insistido en reivindicar lo contrario, que se trata de un ejemplo más de la ausencia de democracia plena. Así lo ha expresado en Twitter el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique: “Y aún habrá quien nos quiera vender que esto es normalidad democrática”.
En la misma línea se expresó antes el líder de la formación morada y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, remarcando ante la noticia que “la pregunta no debería ser por qué nosotros no aplaudimos ciertas cosas, sino por qué aplauden los demás”. Iglesias respondía así a las críticas que recibió por no aplaudir las palabras del Rey sobre su padre, tras el acto conmemorativo del intento fallido del golpe de Estado del 23-F.
Incluso la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se ha pronunciado en TVE para exponer una de las incógnitas que pone sobre la mesa esta regularización. Rosell ha denunciado que este tipo de regularizaciones, que el abogado del emérito señala que se realizó en diciembre del año pasado por 4 millones de euros, se pueden hacer antes de que se inicie una investigación, pero se tenía entendido que la Fiscalía ya había iniciado estas pesquisas meses atrás.
