El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de prevención del fraude fiscal, que cada año provoca unas pérdidas a las arcas públicas de 91.600 millones de euros: 60.600 millones por impuestos evadidos y 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social. Se han incluido importantes medidas que complementan las ya aprobadas en las leyes de 2006 y 2012, si bien aún quedan asignaturas pendientes a subsanar en su tramitación parlamentaria. Y entre ellas destaca la reorganización de la Agencia Tributaria.
El aumento de las plantillas para equipararnos a la media de los países de la UE tiene un horizonte de medio y largo plazo, por lo que debería planificarse dicho proceso para los próximos seis años. La optimización de recursos, por el contrario, puede y debe llevarse a cabo de forma inminente, por lo que este proyecto de ley es el vehículo más adecuado para su implementación. Es necesario trasladar la presión del control del fraude a las grandes empresas y fortunas, trabajando el impulso de medidas encaminadas a incrementar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a los autónomos y a las microempresas, que son los que más dificultades tienen en este momento para recuperarse de las heridas que la actual crisis les ha causado.
No puede ser que cerca del 80% de la evasión se concentre en las grandes empresas y, sin embargo, sólo tengamos a un 20% de los efectivos con competencias técnicas dedicados al mismo, mientras el otro 80% sólo están habilitados en este momento para hacer inspecciones a empresas que facturen por debajo de los 5,7 millones de euros.
Asimismo, desde Gestha entendemos que hay que dar prioridad al control del gasto público, para lo que también convendría elevar las competencias de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, en aras de los intereses generales, a los que debe servir la Administración pública por mandato constitucional. Porque si en España cada año se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, el fraude y la evasión fiscal le cuestan a cada contribuyente español 2.000 euros anuales, que deben pagar en forma de impuestos para tapar el agujero que provocan los defraudadores a las arcas del Estado. Porque casi el 90% de los ciudadanos opina que existe bastante o mucho fraude fiscal. Y más del 60%, que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra él. Así pues, ¿por qué no poner la lupa sobre los grandes defraudadores? Ha llegado la hora.
