El Gobierno ha dado este martes el pistoletazo de salida para empezar a preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 en los que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteará una subida de impuestos para poder afrontar el incremento del gasto público necesario para combatir la crisis sanitaria y económica que ha provocado el coronavirus. Aún así, el déficit público se disparará hasta el entorno del 13-15% del PIB.
Montero ya ha repetido en varias ocasiones que el Ejecutivo sigue adelante con las subidas de impuestos planteadas en el programa de Gobierno de coalición y que, en su mayoría, ya se plantearon en los presupuestos frustrados de 2019. La ministra ha dado fuerza a este mensaje aludiendo a que la presión fiscal en España (el volumen de recaudación sobre PIB) es muy inferior a la de la media de la Unión Europea (UE).
La diferencia, en concreto, es de seis puntos porcentuales, lo que daría margen para incrementar la recaudación en 72.000 millones de euros, no necesariamente en un sólo ejercicio. Sin embargo, aunque la diferencia con la media comunitaria es la que es, algunas características propias de la economía española dificultan la comparación con Europa, como el hecho de que la tasa de paro en España duplique la de la media comunitaria o que el PIB per cápita sea muy inferior.
Según los últimos datos de Eurostat, actualizados a cierre de mayo de 2020, España tiene una tasa de paro del 14,4% en el primer trimestre (a falta de conocer la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, en el que impactó de lleno la pandemia), lo que suponía ya entonces el doble de la media de la Eurozona (7,5%) y más del doble de la media de la UE (6,8%).
La mayor proporción de parados respecto a la población activa -sin tener en cuenta los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que son personas que cobran el subsidio de desempleo pero no se computan como parados- supone que la proporción de contribuyentes sobre el total de la población activa es menor (menos contribuciones vía IRPF), además de que una tasa de paro elevada repercute en el consumo y, por tanto, en la recaudación del IVA.
España, además, tiene un PIB per cápita quince puntos inferior al de la media de la Eurozona, según datos a cierre de 2019 recogidos por Eurostat. En el año 2007, antes de que estallara la burbuja, el país tenía una riqueza per cápita superior a la media, pero desde entonces no ha hecho más que perder posiciones en términos comparativos.
A cierre de 2019, España sólo supera en renta per cápita a Chipre, Eslovenia, Estonia, Lituania y Portugal, lo que influye también en la recaudación fiscal: si los sueldos son más bajos la recaudación vía IRPF es menor, si los beneficios empresariales son más reducidos son inferiores los ingresos por Impuesto de Sociedades, y si la población es menos rica consume menos y paga menos impuestos.
De ahí que algunos economistas prefieran hablar de esfuerzo fiscal -impuestos pagados sobre renta per cápita- que de presión fiscal -ingresos sobre PIB-.
"Se argumenta que España se ha caracterizado históricamente por tener un nivel de ingresos públicos inferior a la media europea y también al promedio de los países de la OCDE, y con este principio se justifica el incremento de los principales tributos directos (...) Se aduce que el nivel anómalamente bajo de ingresos públicos es incompatible con el mantenimiento de un Estado de bienestar sólido, que dé respuesta a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y que contribuya a restaurar el daño causado por la crisis económica", recoge en un informe reciente el Instituto de Estudios Económicos.
Sin embargo, apuntan que "el primer desequilibrio (o, dicho de otra manera, hecho diferencial) que deberíamos aspirar a reducir es nuestra menor renta per cápita respecto al promedio de los países de la UE-28 (8% inferior), distancia que se amplía a más de un 25% si nos comparamos con los países más avanzados de nuestro entorno. La tributación total de los impuestos directos e indirectos, tanto en España como en la Unión Europea, es progresiva, de tal forma que la proporción de ingresos impositivos en términos de PIB tiende a ser tanto mayor cuanto mayor sea el PIB per cápita".
"El segundo desequilibrio que debemos aspirar a corregir es el elevado nivel de desempleo frente a otros países de la Unión Europea y de la OCDE, como consecuencia de una muy reducida tasa de empleo. Y, por último, el tercer desequilibrio es la elevada deuda externa neta de nuestra economía, que es la tercera más elevada de la eurozona", agrega.
Dificulta también la comparativa el hecho de que el tejido empresarial español esté predominado por microempresas, que en comparación con las grandes compañías tienen menor volumen de beneficios y, por tanto, contribuyen menos fiscalmente. Además de que en épocas de recesión, tienen menos músculo para poder afrontar los retos.
Se suma también que España duplica a la media de la Unión Europea en economía sumergida -que no paga impuestos-. Según los Técnicos de Hacienda, la economía informal equivale en nuestro país a un 25% del PIB, el doble de la media de la UE, debido entre otras cosas a la falta de medios de vigilancia y control.
La comparativa con la UE presenta también un problema de generalización, ya que aunque en términos totales la presión fiscal sea inferior a la media comunitaria, hay impuestos en los que España se encuentra por encima o en la media de la UE en recaudación: como en el pago de cotizaciones sociales por parte de los empleadores. Aunque el Impuesto de Sociedades recaude menos en términos comparativos, si se suman las cotizaciones esta brecha se mitiga.
También son superiores los gravámenes sobre el capital y el patrimonio, mientras que sí estamos por debajo en la recaudación por impuestos indirectos, como el IVA que grava el consumo o los tributos medioambientales.
Los más críticos con una potencial subida de impuestos, como Daniel Lacalle, amparada en esta diferencia de presión fiscal argumentan, además, que sería lógico también comparar las dimensiones del sector público y, en concreto, del propio Gobierno que, siendo uno de los que tiene más asesores y ministerios, podría recortar también para asemejarse a la media de la UE.
"El Gobierno más caro de la historia, con más ministerios y cargos públicos, dice que hay margen para subir los impuestos y que recaudamos menos que la media de Unión Europea (...) España solo saldrá de la crisis atrayendo inversión y facilitando la creación de nuevas empresas y empleo. Hemos perdido más de 120.000 empresas y 20.000 millones de euro de capital entre amenazas a los creadores de empleo, acusaciones y el cierre forzoso peor coordinado del mundo. El Gobierno debe parar la batería de subidas de impuestos y empezar a priorizar y hacer lo que pone en su descripción: administrar recursos escasos, no expoliar de lo que sobreviva a la crisis", lamenta Lacalle.
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