El acalorado debate en torno al desafío independentista adquirió ayer unos cuantos grados centígrados una vez que el Govern anunció estar listo para asumir la gestión total de los impuestos estatales. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se encuentra «preparada» para aplicar el resultado del referéndum anunciado para el 1 de octubre. Sin embargo, la ATC necesitaría engordar en 4.232 miembros su plantilla para asumir las competencias estatales bajo el hipotético supuesto de que se consumara la independencia.
Pero una incorporación de tal envergadura no puede acometerse de la noche a la mañana. Máxime, teniendo en cuenta que buena parte de los funcionarios estatales, sin arraigo catalán, elegirían otros destinos de la AEAT, fuera de las hipotéticas fronteras catalanas, tras una eventual ruptura. Además, la gestión de las principales figuras impositivas (IRPF, IVA, Sociedades...) requeriría de una experiencia de la que, hoy en día, carece la ATC.
Por otra parte, no existe un auténtico aumento de plantilla con los 220 empleados procedentes de los registros de la propiedad, que continuarán realizando la gestión que ahora ha recuperado la ATC del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del de Sucesiones y Donaciones, como ya lo vienen gestionando directamente las administraciones tributarias de Andalucía, Baleares, Asturias o Canarias.
El despliegue de 32 oficinas no es sino una muestra más de la apuesta que desde la Generalitat han realizado por la descentralización. Una apuesta que va justo en la dirección contraria a la de la Agencia Estatal, que ha reducido notablemente su red territorial de oficinas en todo el Estado, no solo en Cataluña.
Y pese a que desde las autoridades catalanas hayan remarcado que el Govern ya podría gestionar los tributos de forma independiente a partir del próximo mes, nadie duda de que el Gobierno de España presentará un recurso de inconstitucionalidad contra cualquier norma que altere el marco vigente, por lo que el Tribunal Constitucional la suspenderá.
En cualquier caso, los responsables de la Generalitat se han cuidado mucho de los recursos y así la ATC cumple con la normativa fiscal y competencial vigente en España, porque se modificó de acuerdo con los principios del Código Tributario de Cataluña, que se redactó como un calco de la normativa estatal con el objetivo de que no pudiera ser impugnada.
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