Mientras el Gobierno se aferra a las cifras récord, desde el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) aseguran que esta reducción está relacionada con la falta de personal para desarrollar estas investigaciones.
Las denuncias de la Agencia Tributaria por delitos contra la Hacienda Pública han caído casi a la mitad (un 42 %) en esta legislatura. Si en el 2011 este organismo presentó 1.014 por un importe defraudado de 909 millones, en el 2013 (último año disponible) las denuncias se redujeron a 578 por un importe de 421 millones.
Los datos de la memoria anual de la Agencia Tributaria muestran que para encontrar un nivel tan bajo de denuncias por fraude fiscal como el del 2013 hay que remontarse al 2002, cuando se produjeron 553. Desde entonces su número había aumentado gradualmente, con algún altibajo, hasta llegar al máximo del 2011.
Desde el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) aseguran que esta reducción está relacionada con la falta de personal para desarrollar estas investigaciones. Sin embargo, el Gobierno se aferra a las cifras récord de 12.318 millones en recaudación de los planes de prevención y control de lucha contra el fraude obtenidos en el 2014. Pero estos datos son engañosos si se quiere analizar el delito fiscal. Y es que estos planes incluyen los ingresos de todo tipo de irregularidades tributarias detectadas por Hacienda, aunque no sean delitos fiscales (bien porque la cuantía no alcance los 120.000 euros defraudados o porque el contribuyente pague mediante una declaración extemporánea).
Crecen los de blanqueo
De lo que sí puede presumir el Gobierno es de las investigaciones del Sepblac sobre blanqueo de capitales. Estos expedientes han aumentado un 51,3 % en los últimos tres años pasando de los 3.058 casos en el 2012 a los 4.627 del 2014. Sin embargo, estas cifras todavía no se ven reflejadas en los juzgados. En el 2013 solo se presentaron 151 casos por blanqueo de capitales (el 0,2 % del total). Y solo el 0,1 % de las sentencias dictadas (67) fueron de blanqueo de capitales.
El número de reclusos condenadas por delitos económicos no alcanzan ni el 1 % del total: de los 64.000 presos, 615 lo estaban por delitos económicos.