El bloque de constitucionalidad es el muro que impide la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña

La actualidad política en Cataluña no da tregua tras las últimas elecciones autonómicas. A día de hoy, nadie puede asegurar quién presidirá la Generalitat durante la próxima legislatura.

En la negociación con el PSC, desde ERC comenzó a hablarse de una financiación singular para Cataluña. Y, según informaba El Confidencial este jueves, una de las características que podría tener esta singularidad, que habría ofrecido el PSC a ERC como moneda de cambio de la investidura de Salvador Illa, es que la Generalitat pueda recaudar el 100% de los impuestos en Cataluña, una medida que ya proponían otros partidos como Junts, pero que, sin embargo, no estaba recogida en el acuerdo que sellaron ambos partidos con los socialistas para apoyar la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Pero esta es otra negociación política diferente, y la propuesta de máximos de ERC consolidaría la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en una de las estructuras de Estado que más ha anhelado el movimiento independentista desde hace años, al menos desde 2017, cuando el Govern anunció estar listo para asumir la gestión total de los impuestos estatales y el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que la ATC se encontraba preparada para aplicar el resultado del referéndum anunciado para el 1 de octubre.

Sin embargo, la ATC no estaba preparada entonces, ni ahora, para ese reto, ni organizativa, ni legalmente. Y en este primer aspecto, desde Gestha advertíamos de que la ATC necesitaría aumentar su plantilla en unos 4.200 miembros para pretender asumir las competencias estatales que preconizan desde la esfera política.

La ATC está dimensionada para la gestión de los impuestos cedidos y propios, con 852 personas empleadas, de ellas realizan funciones de control tributario, 23 inspectores y 269 técnicos tributarios autonómicos. Lo que contrasta con la plantilla de la Agencia estatal tributaria en Cataluña de 3.939 funcionarios estatales, de los que ejercen funciones superiores, 364 inspectores y 1.365 técnicos de Hacienda.

Pero la principal objeción a la pretensión de máximos de ERC es el bloque de constitucionalidad que conforman los artículos 133, 149 y 157 CE, que otorgan al Estado la competencia exclusiva para regular los tributos, el marco general del sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del Estado, y entre otras, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, las Leyes Orgánicas de los Estatutos de Autonomía, la ley de 2001 que regula las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, en la que se les cede los porcentajes vigentes de la recaudación del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el juego, IVA e impuestos especiales, dándoles una mayor capacidad normativa, así como las respectivas leyes que fijan el régimen concreto de cesión de tributos del Estado a cada CCAA.

Se podría sortear estos dos obstáculos insalvables de la dimensión de plantillas y la aritmética parlamentaria, negociando la ley que crease un consorcio tributario entre la AEAT y la ATC que, con el tiempo, fuese "la Administración Tributaria en Cataluña", como prevé el artículo 204 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

No habría que temer al consorcio tributario, no se rompería el Estado, pues existe una dilatada y exitosa experiencia de consorcios en nuestro país para la gestión común de servicios públicos, como los de turismo, extinción de incendios, tratamiento de basuras, depuración de aguas residuales…, cuya regulación vigente está contenida en la Ley de 2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

El consorcio tributario entre la AEAT y la ATC mantendría la personalidad jurídica de ambos Entes y cada una mantendría la llave de la caja de la recaudación de cada tributo sobre el que tenga la competencia de la gestión, puesto que los contribuyentes ingresarían automáticamente a la cuenta diferenciada de la ATC o AEAT que correspondiera.

Tampoco el personal funcionario o laboral debería de temerlo, pues su retribución y régimen jurídico correspondería a la Administración Pública a la que estuviera adscrito. Igualmente, el Consorcio estaría sujeto al régimen de presupuesto, contabilidad y control de las respectivas Administraciones Públicas a las que están adscritos, rigiéndose por sus normas patrimoniales.

Como todo consorcio, cabría pensar que es previsible una mejora de la asistencia al contribuyente y del control tributario, ya que permitiría ofrecer un servicio integral de información y ayuda a ciudadanos y empresas, y la detección del fraude fiscal sería más precisa al compartir las bases de datos tributarias de ambas administraciones.

Se ha escrito mucho sobre las ventajas de una administración tributaria integrada, incluidas las economías de escala en los costes de funcionamiento, si bien no hay que olvidar las resistencias a los cambios como las que, 10 meses antes de aprobarse el Estatut, llevaron a la AEAT a crear la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que en su día blindó a las personas con ingresos de más de un millón o patrimonios por encima de 10 millones, y a las empresas con más de 100 millones de ventas, y se curaba en salud para no ceder información de estos VIPs a Cataluña.

En resumidas cuentas, la solución final de la negociación política para la investidura de Salvador Illa podría pasar por la creación de un consorcio tributario entre la AEAT y la ATC que inicialmente abarcaría una cesta limitada de impuestos, como podrían ser el IRPF, Patrimonio, de Solidaridad de Grandes Fortunas y Sucesiones y Donaciones; cesta que podría ir ampliándose con el rodaje y la experiencia recabada.

*José María Mollinedo, Secretario General de Gestha.

https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2024-07-08/bloque-constitucional-muro-impide-cesion-impuestos-cataluna_3919582/