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Actualidad Gestha

30-03-2022

Así es la letra pequeña del plan de choque del Gobierno

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (al fondo); la primera, Nadia Calviño (en el centro); y la tercera, Teresa Ribera, ayer. EFE

30 MAR. 2022 - 02:35
El Gobierno lanza el plan de asistencia de 16.000 millones con efectos de 1 de enero a 30 de junio con el objetivo de paliar el alza de los precios y se abre a evaluar la prórroga de las medidas más allá si la situación no se normaliza.
 
El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de Guerra en Ucrania que contiene ayudas directas y rebajas fiscales por 6.000 millones de euros así como un nuevo lote de créditos avalados por el Insti tuto de Crédito Oficial (ICO) por 10.000 millones más que podrán solicitarse hasta final de este año. El paquete, que entrará en vigor mañana, tendrá vigencia hasta el 30 de junio, si bien el Gobierno admitió ayer que está abierto a evaluar la necesidad de prorrogarlo total o parcialmente en función de si para entonces ha sido posible reconducir la galopante subida de los precios alimentada por la invasión rusa sobre Ucrania.
 
La letra pequeña del plan de choque fue presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Hoy ponemos en marcha el Plan Nacional en respuesta a la guerra con una batería de medidas sin precedentes, que nos van a permitir mitigar el impacto económico y social de la guerra protegiendo a los sectores más afectados y colectivos más vulnerables", prometió Calviño.
 
La vicepresidenta económica admitió que el conflicto está afectando con fuerza a la economía y los precios en España en un marco de convulsión internacional y de recuperación aún parcial de la pandemia de Covid. Calviño aseguró que el plan busca no solo paliar estos efectos sino cristalizar la "determinación del Gobierno para repartir de forma justa el impacto de la guerra". Estas son las principales claves del paquete:
 
Objetivos
 
El plan consta de ocho objetivos sobre cinco pilares. Los objetivos son bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes; apoyar a los sectores más afectados, con especial atención a pymes y autónomos; reforzar la estabilidad de precios evitando una espiral inflacionista; asegurar los suministros; proteger la estabilidad financiera; desplegar el Plan de Recuperación, especialmente en el ámbito del desarrollo de las energías renovables; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.
 
Palancas
 
El primer pilar busca dar respaldo a las familias, bonificando 20 céntimos por litro de combustible hasta final de junio; impedir el despido a las empresas que reciban ayudas directas; limitando al 2% la actualización de los alquileres; extendiendo la rebajas fiscales y el bono social durante tres meses; y elevando un 15% el ingreso mínimo vital.
 
El segundo, dirigido a las empresas, incluye ayudas directas a agricultura, ganadería y pesca, entre otros o los 10.000 millones en créditos avalados por el ICO. La tercera palanca es la asistencia al transporte, con ayudas específicas y la promoción de una ley de precio justo, y el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social.
 
El cuarto campo, la ciberseguridad, recibirá 1.200 millones que incluye la creación de un centro nacional específico, medidas de protección de la Administración General del Estado ante ciberataques y el desarrollo de las redes 5G.
 
El quinto paquete es el destinado a rebajar el precio de la energía aprovechando la "excepcionalidad ibérica" con un plan conjunto con Portugal para topar el precio del gas y abaratar la factura general.
 
Duración
 
El real decreto ley aprobado ayer por el Gobierno se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor mañana, 1 de abril, limitando específicamente sus efectos a los tres meses que transcurrirán desde ese día hasta el 30 de junio. El Ejecutivo, sin embargo, dejó ayer la puerta abierta prorrogar algunas de las medidas más allá de este plazo si lo considera necesario. "Es un plan de choque urgente, necesario y contundente con un conjunto de medidas que tiene que permitir amortiguar el impacto negativo de la guerra en el crecimiento económico y el empleo, y frenar el precio de la electricidad para que lleguemos al pico máximo de inflación", que cerró febrero en el 7,6%, su máxima cota desde 1986, y comenzar a bajar a partir de ahí, reveló ayer Calviño, para matizar luego su expectativa. "Somos conscientes de que una de las consecuencias de esta guerra es la enorme incertidumbre" que genera, "por eso es un paquete de tres meses que responde de forma contundente a las necesidades de la economía y los sectores más afectados". A partir de ahí, admitió, "adaptaremos estas medidas para responder a la evolución de las circunstancias".
 
Bonifica gasolinas
 
Una de las medidas clave del plan, adelantada el lunes a algunos de los principales empresarios del país por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la rebaja de 20 céntimos por litro de gasolina o gasóleo a toda la población. El Estado cubrirá 15 céntimos de esta bonificación, que se aplicará directamente en las gasolineras (a las que la Agencia Tributaria anticipará o devolverá el dinero necesario) con un coste público aproximado de 1.420 millones de euros, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). A partir de ahí, las petroleras deberán aplicar un descuento mínimo adicional de otros cinco céntimos por los medios que consideren oportunos (por otros 470 millones). La medida (ver más información en la página 32) será compatible con la devolución del Impuesto de Hidrocarburos a los profesionales, que se acelera para ejecutarse en solo un mes en lugar de los tres habituales.
 
Avales de lCO
 
Replicando un esquema que ya tuvo éxito durante la pandemia, el Gobierno ha decidido que la mejor vía para facilitar liquidez a las empresas tensionadas por el alza de los precios de la energía es ofrecer una nueva línea de 10.000 millones de euros en créditos avalados por ICO, que los interesados podrán solicitar hasta 31 diciembre de 2022 con 12 meses de carencia. En paralelo, Economía flexibilizará las condiciones de la financiación ya viva modificando el código de buenas prácticas mediante en el que se impulsaron las líneas ligadas al Covid. Gracias a ello, los autónomos y pymes de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, los más afectados, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia. Para mejorar la liquidez de este tipo de actividades también se les ofrecerán tres meses de aplazamiento en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
 
Ayudas directas
 
En paralelo a las líneas de liquidez, el Gobierno ha desplegado un lote de ayudas directas a los sectores más dañados por el encarecimiento energético. El paquete incluye un total de 362 millones para la agricultura y ganadería, de los que 169 se repartirán entre los productores de leche en función del número de cabezas de ganado que posean por un máximo de 35.000 euros, que es el límite que la UE permite en el marco de ayudas de estado para el sector primario (para el resto son de hasta 400.000 euros). También se concederán 68 millones a la pesca (18 de ellos a repartir por buque, de nuevo con el límite de 35.000 euros). La industria electrointensiva recibirá 500 millones para compensarles el 80% de los peajes energéticos; la gasintensiva obtendrá 125 millones; y el transporte 450 millones (a razón de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancia).
 
Rebaja fiscal
 
Tras descartar una rebaja generalizada de impusetos, en favor de la bonificación del carburante, el Gobierno limita la rebaja fiscal del paquete a la prórroga durante tres meses del plan ya vigente, que reduce del 21% al 10% el IVA que se le aplica; deja en suspenso el Impuesto al Valor de la Producción de la electricidad del 7%; y rebaja del 5,1% al 0,5% el Especial sobre la Electricidad.
 
Abaratar la energía
 
"El objetivo del Gobierno es político y técnico, es que el precio de la energía sea el más bajo posible", defendió ayer Calviño que, al igual que Ribera, rehusó a poner un precio a la rebaja del megawatio hora que el Gobierno aspira a lograr aprovechando la llamada "excepción Ibérica" que Sánchez logró arrancar al Consejo Europeo para topar el precio del gas. La medida, que sigue consensuándose con Portugal, deberá ser autorizada luego por la Unión Europea, lo que llevará entre "tres y cuatro semanas", estimó Ribera. En paralelo a esta estrategia, que busca desligar el precio general de la energía del coste marginal del gas, el Gobierno promoverá las compras conjuntas de energía y la minoración de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. A su vez, Economía actualiza el régimen de plantas de energía renovable y uso de residuos, que hasta la fecha se han visto financiadas a través del precio del mercado mayorista, recibiendo más recursos de aquellos que les correspondían. Tras negociar con el sector, el Gobierno ha decidido acelerar la liquidación de esos saldos lo que permitirá un ahorro en las facturas de 1.800 millones. Estas plantas quedarán habilitadas además para vender su energía fuera del mercado mayorista. Además, se introduce una regla de reducción de beneficios extraordinarios ligados al precio del gas, topando el precio de los contratos nuevos o que se revisen en el entorno de los 67 a 70 euros por megawatio hora, y se ofrecen medidas de apoyo a las renovables.
 
Bono social
 
El real decreto del Gobierno también supone una ampliación del bono social eléctrico (del 60% para colectivos vulnerables y el 70% para casos severos), ampliando sus efectos sobre 600.000 nuevas familias hasta alcanzar los 1,9 millones de hogares protegidos. Además, se amplían sus financiadores en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero, y se pasa de hablar de familias beneficiarias a personas convivientes, facilitando una mayor flexibilidad para quienes conviven bajo el mismo techo sin lazos sanguíneos a fin de que puedan acogerse.
 
https://www.expansion.com/economia/2022/03/30/62438ce0468aeb27448b4606.html

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