Guerra abierta en Hacienda por el asalto de Podemos a la Inspección

El enfrentamiento larvado en la Agencia Tributaria (AEAT) entre técnicos e inspectores que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenía bajo control ha estallado al final de la legislatura. Un acuerdo sindical con Hacienda cerrado el 3 de noviembre para flexibilizar las pruebas de promoción interna avala una vieja reivindicación de los técnicos para la que se han aliado con Podemos: que los técnicos puedan ser inspectores sólo con un test y una sobreestimación de méritos. Este acuerdo, que no recoge ley ni norma alguna, tiene cierta validez jurídica y puede obligar a la Administración partiendo de que las bases de los exámenes no están reguladas en ninguna ley.

Tanto los Inspectores como Gestha aseguran que el modelo que defiende el otro menoscaba la independencia de la Administración. Para los inspectores, "bajo el paraguas de agilización de las pruebas se atisba un ansia desmedida manifestada hace años por colonizar la Administración -la parte política- y sumar afiliados en puestos relevantes". Gestha, por su parte, pone el foco en los 100 inspectores que controlan al Ibex y a otras multinacionales, que son elegidos a dedo desde 2014, un caso que también han denunciado los inspectores.

Este viejo temor de los inspectores se acaba de materializar, con lo que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha salido en tromba, junto con el resto de altos funcionarios del Estado también afectados, y su asociación, Fedeca, y libran la batalla de la opinión pública sobre el daño que creen que puede causar a la Administración esta rebaja de las exigencias, a la espera de ver en qué queda todo esto en la próxima legislatura. Acompañarán su campaña reivindicativa de un recurso contra el acuerdo de CSIF, UGT y CCOO con Hacienda e, incluso, no descartan boicots a los tribunales de las nuevas oposiciones facilitadas.

Y es que aunque el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) intentaba desde hace años lograr una equiparación mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, finalmente han logrado algo similar pero no ellos mismos, sino los sindicatos con más representación en la Función Pública son los que lo han conseguido. Sorprende que esté en el pacto CSIF, de corte más conservador, al que Hacienda parece haber querido sumar tras cerrar con CCOO y UGT el acuerdo de subida salarial para los funcionarios al que CSIF se ha opuesto.

La reacción de Gestha no se ha hecho esperar. Una vez encauzada la reivindicación del acceso a la Inspección, plantean una equiparación salarial y para ello subrayan que el 76,4% de los inspectores de Hacienda tienen sueldos que superan ampliamente la retribución del presidente del Gobierno, que está fijada en 86.542,08 euros para este año. Sólo los funcionarios de nuevo ingreso y los que ocupan el puesto inicial de "inspectores A2" cobran por debajo de esta cifra.Los inspectores mejor retribuidos en la Agencia Estatal Tributaria cobran entre 140.000 y 160.000 euros al año, concentrándose los puestos más golosos en Madrid, explican en el cuadro adjunto que han elaborado.

Gestha atribuye esta "élite retributiva" a que los inspectores son un "reducido número de 2.150 funcionarios, ocupando más de la mitad (50,8%) puestos de confianza y de dirección de la AEAT" y a que "se reservan la firma electrónica de las propuestas que realizan los técnicos, hurtándoles su autoría".

El sindicato apela a la lucha contra el fraude para justificar su causa y plantea que los inspectores son una cifra "a todas luces irrisoria para controlar algo el volumen de fraude existente, de no ser por los 7.182 técnicos de Hacienda que realizan también esas investigaciones". Reclama duplicar los efectivos del grupo A para equipararse a las plantillas promedio de las Administraciones Tributarias de la UE y lograr reducir las tasas de economía sumergida a la mitad.

Por otra parte, Gestha advierte de la falta de inspectores que se producirá por las jubilaciones en los próximos años, especialmente intenso por el escaso aumento de su plantilla y la elevada edad media de ese colectivo. En concreto, sin contar con las bajas por excedencias, enfermedad u otros motivos, advierte de que casi el 25% de los 2.085 inspectores se jubilarán en los próximos cuatro años, periodo de tiempo medio en que se incorporan los inspectores de nuevo ingreso desde la publicación de la oferta de empleo público.

Teniendo en cuenta que más de la mitad de los inspectores de Hacienda (1.048) se jubilarán en 13 años, Gestha propone que en 2023 y en años sucesivos se publiquen unas "potentes" ofertas de empleo público en la que se fomente la promoción interna de los empleados públicos que ya han accedido por oposición a la AEAT y al Ministerio de Hacienda, demostrando sus conocimientos y habilidades con la evaluación del trabajo desarrollado, lo cual cree compatible con la integración en un cuerpo superior técnico de Hacienda que reconozca por fin la alta cualificación y el trabajo desarrollado desde hace décadas.

Una enmienda en 2020

La directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, se ha manifestado partidaria de mantener el acceso con las exigencias de siempre, sin negar que puedan hacerse pequeño cambios. Ningún Grupo ha planteado de momento enmiendas que traten de blindar estas facilidades en la promoción interna, aunque podría haber novedades en el la tramitación de los Presupuestos en el Senado o en los pocos proyectos que dé tiempo a que se aprueben en lo que queda de legislatura y en año electoral.

En 2020, una enmienda a los Presupuestos Generales de Estado de 2021 preveía la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, lo que convertiría de forma automática a los cerca técnicos de Hacienda (grupo A2) en grupo A1 sin el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. La presentaron Ciudadanos, ERC, JuntsxCat y Teruel Existe y era del agrado de Podemos.

IHE criticó que la iniciativa, que aseguraba perseguir un aumento de la recaudación de la lucha contra el fraude de 6.000 millones, atentaba contra los principios de igualdad, mérito y capacidad de la Constitución y el Estatuto del Empleado Público, podía causar un agujero en las arcas públicas en el medio plazo y advertía de que dejaría un importante agujero en la labor que desempeñan los técnicos. Finalmente, la enmienda no prosperó.

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