El Gobierno ha modificado la legislación tributaria para que los expedientes de recaudación pasen a manos de 17 cargos de confianza de la Agencia. "Serán esas personas quienes decidan si esa deuda se cobra o no", denuncian los inspectores. Los técnicos de Hacienda denuncian que el Gobierno ha modificado la legislación tributaria para que los expedientes de recaudación pasen a estar gestionados por 17 cargos de confianza de la Agencia Tributaria. El sindicato Gestha ha remitido una carta a los grupos parlamentarios en el que denuncia el riesgo de «politización» que supone la resolución aprobada el pasado 22 de enero sobre «organización y atribución de competencias en el área de recaudación». El colectivo de subinspectores explica que antes los expedientes de recaudación se asignaban a los distintos equipos con criterios «predeterminados y objetivos», lo que a su juicio garantizaba independencia y objetividad para los ciudadanos. Ahora, que una deuda se cobre o no «será decidido por el jefe», sostiene José María Mollinedo, portavoz de Gestha. La normativa especifica que los criterios para asignar cada expediente no están establecidos, ya que «esta facultad se le reconoce al titular de la dependencia regional de recaudación, que deberá ejercerla, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos disponibles (...) y siguiendo las directrices que establezca el Departamento de Recaudación», según el BOE. Fuentes de la Agencia Tributaria niegan peligro de politización y justifican que la norma supondrá una «optimización de recursos y economías de escala» dentro de la administración recaudatoria. Los delegados de recaudación regionales (cargos de libre designación subordinados de dirección de departamentos, y nombrados por el Gobierno) son «los que mejor conocen los medios de que dispone cada territorio », según Hacienda. El colectivo de inspectores, por su parte, encuentra «razonable» una nueva resolución que otorgue una gran flexibilidad a la agencia para administrar recursos. «La nueva resolución deja mucha libertad de organización a cada dependencia », explica Ransés Pérez Boga, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores. En su opinión, no obstante, es peligroso y no razonable «recurrir a plazas de libre designación para tomar decisiones que han de ser eminentemente técnicas», indica.