Dos días antes de la conclusión del plazo fijado por el Ministerio de Hacienda para que los evasores se acojan a la amnistía fiscal, los técnicos del departamento reconocen que la medida no tuvo el éxito esperado. Las arcas estatales han ingresado hasta octubre 149,6 millones de euros frente al ambicioso objetivo inicial de unos 2.500 millones, es decir, solo el 6%. La meta prevista se convierte así, de acuerdo con los técnicos, en una "misión casi imposible" de cumplir, que al mismo tiempo acarrea efectos negativos en otros ingresos tributarios.

Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, explica que los datos facilitados por el Ministerio en los últimos meses son escasos y que a partir de agosto el informe mensual de recaudación tributaria omite especificar la suma de los que se acogen a la amnistía, englobando este total en "otros ingresos". "El último dato detallado se refiere al mes de julio, cuando se situó en 50,4 millones de euros. Incluso asumiendo que la recaudación por amnistía se incluya en 'otros ingresos', estamos hablando de un máximo de unos 150 millones hasta octubre, lo que convierte el objetivo del Ejecutivo en algo muy complicado de alcanzar", dice.

La regularización fiscal —una expresión que los técnicos del Ministerio tildan de "eufemística"— arrancó a finales de marzo y permite a los defraudadores pagar un 10% para blanquear su dinero, sin intereses, recargos, sanciones o imputaciones penales. Los expertos consideran esta cantidad "un precio de saldo" comparado con la suma desembolsadas por los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, a los que corresponden tipos de hasta el 52% en el IRPF, llegando al 56% en Cataluña. La puesta en marcha de la medida ha causado, por otro lado, una disminución del 20% de la recaudación inducida, que incluye las declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.


Cada empleado de Hacienda es responsable por 1928 contribuyentes frente a la media de 900 en la OCDE

Los técnicos de Hacienda criticaron la implementación de esta medida desde el principio. "El Gobierno la presentó como una alternativa a la subida del IVA, aunque luego no fue así", añade Cruzado y subraya que las recientes declaraciones del Gobierno a respecto "demuestran cierto nerviosismo" por la dificultad de lograr el objetivo fijado.

Los expertos del Ministerio recuerdan que, como ya ocurrió en las anteriores amnistías realizadas en la democracia, "no sirve para reducir el fraude fiscal, especialmente de las grandes fortunas y corporaciones empresariales, que son responsables del 71,7% de la evasión tributaria total".

La economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros, o sea el 23,3% del producto interior bruto (PIB), diez puntos por encima de la media de otros países europeos como Alemania y Francia, según los cálculos de los expertos del Ministerio.

Cruzado insiste en que hay que potenciar los instrumentos a disposición del departamento para luchar contra el fraude y optimizar los recursos por muy escasos que sean —en España, cada empleado de Hacienda es responsable por 1928 contribuyentes frente a la media de 900 de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico—.