EL pasado 12 de mayo el presidente del Gobierno anunció su decisión de rebajar el sueldo de los empleados públicos en un porcentaje de cinco puntos de media. Dicha decisión supone una imposición unilateral inédita en la historia de nuestra democracia, que vulnera compromisos adquiridos y no atiende a razones de justicia social.

Junto a los empleados públicos, otros colectivos como pensionistas, personas dependientes y nuevas madres, fueron incluidos en el paquete de los sacrificados, en aras de la reducción del déficit, así como una gran parte de las inversiones públicas, que podrían contribuir, por el efecto multiplicador de la demanda de este tipo de gasto, a la creación de nuevos empleos y a una salida más rápida de la crisis económica.

En mi opinión, estas medidas deberían de ser el último recurso pues es de manual de política económica que reducir los salarios de un sector con 2.500.000 empleados reduce el consumo y la actividad económica que es en definitiva la que genera el empleo, pero es que además dicha medida reduce también la tributación directa por el IRPF y el inmediato efecto perverso es que las arcas de Hacienda van a ver mermadas sus retenciones en lo que queda de año en cerca de 350 millones contantes y sonantes. Si dicha cuenta la actualizamos al año completo, la cifra puede ser importante.

En cualquier caso y siguiendo con el manual de política económica para reducir el déficit, además de intervenir sobre el gasto menos sensible al consumo (como pueden ser las subvenciones, las partidas de cooperación internacional, gastos de Defensa etc.) debemos actuar sobre los ingresos públicos (subida de dos puntos del IVA).

Y, ¿cómo podemos hacerlo sin subir los impuestos y retraer más el consumo? Pues incidiendo sobre las, hasta ahora, intocables bolsas de fraude y la economía sumergida. He aquí donde, a mi juicio, está la verdadera alternativa para acabar con el déficit con el menor coste social y a costa de los que tienen más riqueza y menos vergüenza. Matando dos pájaros de un tiro; acabar con la mala imagen del defraudador con el efecto inducido y ejemplarizante que estas medidas producen y de paso sanear la economía.

Tengamos en cuenta que la economía sumergida en nuestro país, según estimaciones de los técnicos de Hacienda, es del 23% del PIB, situándonos en 12 puntos porcentuales por encima de la media europea e inmediatamente por delante de Grecia. Esto supone un importe de 242.000 millones de euros descontrolados y que no pasan por la ventanilla de Hacienda. Estas actuaciones que el sindicato de los Técnicos de Hacienda vienen proponiendo con escaso eco de los partidos políticos (sólo Izquierda Unida lo ha planteado en el Parlamento) consistirían en dotar a los funcionarios de la inspección de las competencias y medios necesarios para actuar contra estas bolsas de fraude y reducir 10 puntos porcentuales dicha tasa para, de esta forma, asimilarnos al resto de las economías europeas, articulando una serie de medidas y propuestas para mejorar la lucha contra el insostenible fraude fiscal y la economía sumergida. Podemos estimar que con sólo reducir las bolsas de fraude en un 10%, se obtendrían unos ingresos añadidos por importe de 38.500 millones de euros por año, más del doble de los 15.000 millones que el Gobierno pretende conseguir ahora con las medidas impuestas. El Gobierno aún está a tiempo de poner en marcha, de forma decidida y valiente, medidas de funcionamiento más racional y eficiente de la administración tributaria y del control del gasto público en la lucha para reducir el fraude fiscal y la economía sumergida, que sirvan para hacer efectivo el mandato constitucional de construcción de un sistema fiscal justo y progresivo, permitiendo la minoración del déficit a través del aumento de la recaudación tributaria y sin comprometer el gasto social. Algunas de estas medidas ya han recibido la aprobación del Parlamento en los últimos años, en forma de leyes, proposiciones, mociones y resoluciones, faltando la voluntad política de ponerlas en marcha de forma efectiva. Es hora de tomar medidas valientes para atajar el fraude fiscal y de la Seguridad Social, confiando en los cuerpos especializados de los que dispone el Estado que, sin duda, están suficientemente preparados para llevar a buen término esta misión. Sólo hace falta que les dejen trabajar.