Los técnicos de Hacienda creen que las regularizaciones no eximen al rey emérito del delito fiscal
Podemos carga contra Juan Carlos I mientras la mayoría de partidos políticos pide respeto a la actuación de la Justicia tras la noticia publicada en EL PAÍS sobre la notificación que le hizo el fiscal de dos causas antes de regularizar
El presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, cree que las notificaciones que realizó la Fiscalía al rey emérito, informándole de la apertura de diligencias, fueron suficientes, pese a la falta de concreción, para que las posteriores regularizaciones realizadas por don Juan Carlos I no le exoneren del posible delito fiscal. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ignacio Campos, remitió tres notificaciones con acuse de recibo al abogado del anterior jefe del Estado, Javier Sánchez-Junco, en junio, noviembre y diciembre de 2020, informándole de la apertura de tres investigaciones sobre hechos que podrían tener “relevancia penal” para su cliente e invitándole a personarse en las mismas. Las regularizaciones, por valor de 678.393 euros y de 4,4 millones se presentaron en diciembre de 2020 y febrero pasado, respectivamente. Varios dirigentes de Podemos han reaccionado este lunes a la noticia criticando al anterior jefe del Estado, mientras que la mayoría de partidos políticos han pedido respeto a la actuación de la Justicia tras la noticia publicada este lunes en EL PAÍS sobre la notificación a Juan Carlos I que le hizo el fiscal del Supremo sobre dos causas antes de regularizar.
El presidente de la asociación de técnicos de Hacienda reconoce que también cabe hacer la interpretación contraria: que la notificación no impedía realizar la regularización dado su carácter genérico. Y ello porque el artículo 305.4 del Código Penal, que es muy preciso a la hora de señalar qué debe incluir la notificación de la Agencia Tributaria (el “inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización”) no especifica qué debe contener la notificación de la Fiscalía. Cruzado se pregunta, no obstante, cuál era el objetivo de la notificación al rey emérito si no era frustrar una regularización exculpatoria ni tampoco tenía previsto llamarlo a declarar.
Las fuerzas políticas han reaccionado de manera desigual ante la noticia, adelantada por EL PAÍS, de que la Fiscalía notificó al rey emérito la apertura de las diligencias antes de que este presentará sus dos sucesivas regularizaciones. Desde el Partido Socialista (PSOE) han evitado pronunciarse. “No vamos a valorar filtraciones ni investigaciones judiciales en curso. Nuestra posición es dejar trabajar a la Justicia y a los órganos competentes en cada circunstancia”, ha afirmado Eva Granados, viceprimera secretaria del PSC y portavoz del Comité Organizador del 40.º Congreso que el PSOE celebrará del 15 al 17 de octubre en Valencia. “Se debe dejar trabajar a la Justicia”, ha insistido.
También ha sido lacónico el PP. El principal partido de la oposición “respeta los procedimientos judiciales”, al tiempo que reivindica “el derecho a la presunción de inocencia del rey emérito” y declara su “respeto al legado clave de Juan Carlos I para la democracia y las libertades”, según fuentes de la dirección popular.
Críticas desde Podemos
Por el contario, los dirigentes de Podemos han salido en tromba para criticar al anterior jefe del Estado. Pablo Echenique, portavoz en el Congreso de los Diputados, ha asegurado este lunes a través de Twitter que Juan Carlos I “es formalmente un prófugo de la justicia” porque sus regularizaciones “no valen”. Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso, ha afirmado que “ampararse después de esto en la presunción de inocencia es una burla más a la ciudadanía”. Isa Serra, portavoz del partido ha insistido en que debe investigarse lo sucedido. “Si le habían avisado, eso no es una regularización legal, sino que tiene que ser investigado. No solamente por los posibles delitos ya cometidos y la corrupción por parte del rey emérito, sino por lo que estamos conociendo, que es algo gravísimo y que demuestra que esa supuesta regularización fiscal no vale”. También la portavoz Izquierda Unida, Sira Rego, ha señalado que lo conocido confirma que “no todos somos iguales ante la ley”. “Esto ya es una evidencia”, ha insistido.
En Ciudadanos también han evitado entrar a valorar la noticia publicada por EL PAÍS. Daniel Pérez, vicesecretario general del partido, ha alegado desconocer “a fondo si se dan o no las condiciones o si se cumplen o no los requisitos” que impiden exonerar al emérito del delito fiscal. Pérez ha reiterado su mensaje de anteriores ocasiones: “Somos un partido claramente constitucionalista y queremos siempre que la Justicia actúe, que se cumplan todos los pasos y todos los trámites y procedimientos que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Nunca hemos ocultado que lo que se ha sabido, siempre respetando la presunción de inocencia del rey Juan Carlos, nos ha causado una profunda decepción y tristeza, pero nunca hemos permitido ni vamos a permitir que se intente juzgar o llevar al banquillo a la institución, es decir, a la Corona, a partir de lo que es la persona. La Corona de España está representada de forma ejemplar por su majestad Felipe VI, y nadie va a conseguir que Ciudadanos entre en el juego de tratar de atacar al hijo poniendo el foco sobre el padre”, ha añadido Pérez.
Con información de Paula Chouza, José Marcos, Virginia Martínez y Elsa G. de Blas.
EL INCIERTO DOMICILIO FISCAL DE JUAN CARLOS I
El artículo 9 de la ley del IRPF de 2006 señala que un contribuyente se considera residente habitual en España cuando pasa más de 183 días en territorio español durante un año natural. Juan Carlos I lleva más de la mitad de este año en Abu Dabi, por lo que en teoría no sería residente fiscal en España en 2021. Sin embargo, el convenio de doble imposición entre España y Emiratos Árabes Unidos de 2006 señala que solo se consideran residentes fiscales en dicho país a los nacionales emiratíes, por lo que la Hacienda española no puede darle ese tratamiento al rey emérito. Entonces ¿dónde debe tributar el anterior jefe del Estado sus ingresos de este año? El mismo artículo de la ley del IRPF señala que, además de los días de residencia, se considerará residentes en España a aquellos cuyo “núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta” radique en España. Y señala, como indicio, el hecho de que residan habitualmente en España “su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquel”. De acuerdo con estos criterios, la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que el rey emérito debe ser considerado residente fiscal en España al residir su esposa la reina Sofía y radicar el “núcleo de sus actividades e intereses económicos”.
