La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de lucha contra el fraude fiscal con 21 favorables, 14 en contra y una abstención. Una de las enmiendas introducidas en el debate en la comisión ha sido la de rebajar el límite del pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 y que esta norma afecte a particulares en sus pagos a empresas o profesionales.
La ley, que continuará ahora su trámite en el Senado, es una medida que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre en su objetivo de prevenir y luchar contra el fraude fiscal, según planteó el Gobierno a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación. Se trata, además, de la trasposición de una normativa europea del año 2016.
La norma ha contado con la introducción de enmiendas de prácticamente todos los grupos parlamentarios y entre ellas se encuentra la de rebajar el límite del pago en metálico a 1.000 euros y que afecte también a particulares que tengan que realizar pagos a empresas a profesionales. La última norma, aprobada por el gobierno de Rajoy, estableció el límite en 2.500 y solo en operaciones entre empresarios.
Bien recibido por los Técnicos de Hacienda
La decisión de aprobar esta rebaja ha generado el elogio de Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que llevaba reclamando una medida similar desde hace bastantes años. En 2012, su secretario general, José María Mollinedo señaló que si se limitaban los pagos en metálico de facturas a 1.000 el Gobierno podría recaudar más del triple de lo que podría ingresar.
En su opinión, la limitación actuaría como una “medida disuasoria” frente al fraude fiscal, ya que las empresas no podrían realizar deducciones de la parte de las facturas pagadas en metálico.
En contra de la política de la Unión Europea
Sin embargo, la norma también ha levantado críticas ya que, según el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, va en contra de lo que la UE pretende implantar, pues Bruselas tiene previsto presentar una iniciativa legislativa para que el límite de los pagos en metálico sea de 10.000 euros.
La Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuinness, señalaba que este límite de 10.000 euros es “suficientemente alto como para no poner en cuestión el euro como moneda de curso legal ni afectar a la inclusión financiera", así como "suficientemente bajo como para hacer más difícil que los criminales blanqueen largas sumas de efectivo".
Además, el pasado mes de marzo, el Consejo Económico y Social de la Unión Europea aprobó un dictamen en el que indicó la necesidad de “preservar el acceso al efectivo y garantizar la aceptación del mismo”. El dictamen explicaba que, aunque la pandemia ha provocado el crecimiento de los métodos digitales de pago, el “efectivo sigue siendo el medio de pago preferido de los consumidores en sus puntos de venta y en las transacciones minoristas entre particulares".
España es el país de la Unión Europea que más utiliza el efectivo junto a Malta. El 83% de las operaciones que se realizan en España se hacen en metálico que representan un 66% del valor de las compras sobre el total, según los datos publicados por el Banco Central Europeo.
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