España presenta un déficit de más de 6.260 millones de euros en materia de imposición medioambiental respecto a la media europea, ya que la presión fiscal española en este campo se sitúa en el 1,8%, frente a la media ponderada del 2,4% de la UE-28 y de la zona euro, según datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).
Estas son las principales cifras de imposición medioambiental en España calculadas por Gestha, a partir de los informes de Eurostat y estadísticas del sistema tributario, después de que la OCDE haya recomendado a España subir los impuestos de los combustibles por su impacto medioambiental.
En concreto, la pérdida de recaudación en España por la menor presión fiscal con la zona euro alcanzaba los 6.260 millones de euros en el año 2017, mientras que respecto a la UE-28 la diferencia se eleva a 6.589 millones de euros.
Aunque la diferencia respecto al año 2012 se ha reducido tanto en la UE-28, cuando alcanzaba los 8.917 millones, como respecto a la zona euro, que en 2012 se situaba en 8.491 millones, en el ejercicio 2017 se elevó respecto a los ejercicios anteriores. En el caso de la pérdida de recaudación por la menor presión fiscal con la UE-28 se ha incrementado un 20% respecto a los 5.473 millones del año 2013, así como un 21,6% en el caso de la zona euro en comparación a los 5.147 millones de diferencia del ejercicio 2013.
Desglosando por tributos, los combustibles y transportes son los impuestos que presentan un mayor diferencial respecto a la media europea. Si se compara con la UE-28, España deja de recaudar 3.770 millones por la menor presión fiscal en energía (2.751 millones por combustibles para el transporte) y otros 2.843 millones de elementos de transporte (excluidos los combustibles).
En relación con la zona euro, España presenta una pérdida de recaudación de 3.650 millones por su menor presión fiscal en energía(2.946 millones por combustibles para transporte) y oros 2.620 millones por elementos de transporte.
En España, la imposición medioambiental está configurada por impuestos de carácter estatal e impuestos propios autonómicos. En este último caso, la recaudación por impuestos medioambientales autonómicos alcanzó los 1.628,4 millones de euros en 2016.
El Gobierno equipara el diésel a la gasolina
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el pasado viernes que el Gobierno mantiene su intención de subir el precio del diésel para equipararlo progresivamente al de la gasolina, en línea con las peticiones de la OCDE
"Toda Europa se tiene que poner las pilas en fiscalidad medioambiental, el medio ambiente no espera", subrayó Montero, quien considera no tiene "ningún sentido" que no exista la equiparación impositiva entre los dos combustibles, por lo que seguirá adelante con la medida "disuasoria", más que "recaudatoria".
Revisar las exenciones
Los técnicos de Hacienda son partidarios de modificar la directiva europea sobre impuestos especiales para eliminar la exención del queroseno que se utiliza en la navegación aérea.
En este sentido, Gestha recuerda que desde los debates en la cumbre COP 21 de París del 1 de diciembre de 2015 parecía imprescindible contemplar en la tributación del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) no solo la emisión de CO2, sino de NOx, partículas y cualquier otro elemento determinante del nivel de contaminación, de manera que a corto plazo disuada la compra de vehículos más contaminantes e impulse a medio plazo a los fabricantes a producir motores más sostenibles.
Por ello, propone el dictamen de una institución independiente que determine el nivel de emisiones de los vehículos que modulan el gravamen, sustituyendo al certificado expedido hasta la fecha por el fabricante o importador del vehículo.
Además, subraya que el IEDMT cuenta con un gran número de exenciones que convendría revisar, como los camiones, autobuses, tranvías, vehículos industriales, comerciales, agrarios, clínicos o científicos, los destinados a personas con movilidad reducida, furgonetas, los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas, y de los ayuntamientos.
También cita los del resguardo aduanero, ambulancias, vehículos de vigilancia, taxis, autotaxis, vehículos de enseñanza, alquiler, minusválidos, con matrícula diplomática, de familias numerosas (50%) o autocaravanas (70%).
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