Por qué urge un pacto de Estado sobre el fraude fiscal

Al igual que para la sostenibilidad de las pensiones o para el futuro de la educación, España necesita urgentemente un pacto de Estado contra el fraude fiscal, gracias al cual podría reducirse considerablemente nuestro negativo diferencial de ingresos fiscales con la media de los países de la UE y de la zona euro.

Por ello, coincidiendo con el tercer aniversario de la revelación periodística de los papeles de Panamá y con la celebración del Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales, desde la Plataforma por la Justicia Fiscal ayer registramos en el Congreso un escrito para exigir más voluntad política a la hora de desmontar las triquiñuelas que utilizan las personas de mayor poder adquisitivo y las más grandes sociedades para eludir el pago de impuestos.

Unas prácticas de todo punto rechazables que agravan la crisis de de­sigualdad y de exclusión social que tan alarmantemente sufre España, el país de Europa en el que más han crecido las de­sigualdades en los últimos diez años.

En este sentido, pese a que el nuevo Plan de Control Tributario rompa con el continuismo de los anteriores para empezar a centrarse en el fraude de las grandes empresas y patrimonios –a los que la Agencia Tributaria destinará este año un mayor porcentaje de sus esfuerzos–, la plantilla de la Agencia Tributaria ocupará el último lugar en la Unión Europea en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE. De esta forma, España cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar directamente contra la economía sumergida. O, lo que es lo mismo, solo un trabajador por cada 2.836 ciudadanos, frente a la media europea, según la cual cada empleado controla a menos de la mitad de los ciudadanos.

Hoy en día, España sufre más del doble de economía sumergida que los países de nuestro entorno, de forma que uno de cada cuatro euros circula a espaldas de Hacienda y cerca de 300.000 millones de euros permanecen ocultos, según datos del propio FMI. Cifras grandilocuentes que, asimismo, tienen un importante y significativo efecto en los bolsillos del ciudadano de a pie, puesto que la factura del fraude en nuestro país asciende a 2.000 euros por contribuyente.

El fraude es bastante transversal. El 80%, aproximadamente, es cometido por grandes empresas y fortunas que utilizan artimañas para evadir el pago de impuestos, por ejemplo, desviando su dinero a paraísos fiscales de escasa o nula tributación, en los que está camuflado entre el 30% y el 40% del dinero de los mayores patrimonios españoles. En total, unos 140.000 millones de euros. Pero también hay profesionales y autónomos que piden facturar sin IVA. O trabajadores que cobran en negro. O empresarios y ejecutivos que obtienen beneficios y reciben sobresueldos sin rendir cuentas al fisco. O políticos que protagonizan tantos y tantos escándalos de corrupción.

El año pasado se recaudaron más de 15.000 millones de euros en la lucha contra el fraude, una guerra en la que quedan trincheras por desenterrar. Y es que para combatirlo y atajarlo se requiere la puesta en marcha de un plan eficaz, de un pacto de Estado confeccionado y consensuado entre los principales grupos del arco parlamentario, quienes deberían comprometerse a romper con el déficit recaudatorio en un máximo de cinco años, a través de una batería de medidas urgentes que cuente con un marco permanente de revisión, transparencia y rendición de cuentas.

En segundo lugar, sería necesario acabar con la utilización de paraísos fiscales, para lo que convendría establecer una lista negra –objetiva y ambiciosa– que recoja todas las jurisdicciones de baja o nula tributación, e incluya la aplicación de sanciones y contramedidas.

También resultaría fundamental blindar legalmente la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, garantizándoles su indemnidad penal, laboral, económica y social. No obstante, en lugar de poner el foco especialmente en los confidentes, convendría lograr una Administración pública más transparente y eficiente para que los chivatazos no guíen las investigaciones fiscales.

Otra medida efectiva pasaría por la penalización de la contratación pública para quien no cumpla con criterios fiscalmente responsables mediante el uso discrecional de estructuras en paraísos fiscales, así como por la internacionalización de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

En esta línea, este pacto de Estado debería insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de los instrumentos que posibilitan la elusión y la defraudación fiscal, incluida la participación en sociedades offshore o extraterritoriales.

Y, finalmente, habría que reforzar los medios y recursos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección y control del gran fraude, confluyendo en las cifras de fraude con los niveles europeos de nuestro entorno en el plazo de cinco años; reorganizar la AEAT revisando los objetivos y ponderando los equipos humanos necesarios para las tareas de inspección y recaudación con base en los estudios y la experiencia; y convocar a una gran conferencia de coordinación contra el fraude y la evasión fiscal, con representantes parlamentarios y del Gobierno, junto con actores sociales y expertos.

El 95% de los ciudadanos piensa que en España existe bastante o mucho fraude fiscal, una opinión que debería hacer reflexionar a los partidos políticos de cara a la inminente campaña electoral. Pues bien, más allá de las diferentes posiciones al respecto, nadie debería dudar de que el desarrollo de este pacto constituye un requisito ineludible en el camino hacia la justicia fiscal y el bienestar de todos los españoles.

Carlos Cruzado es presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/economia/1554391984_125961.html