¿Por qué es necesario un Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal?

CONTESTA CARLOS CRUZADO | PRESIDENTE GESTHA

nuevatribuna.es 25 de Febrero de 2019 (11:23 h.)

Según el último barómetro fiscal publicado por el CIS, con datos del pasado verano, el 95% de los ciudadanos piensa que en España existe bastante o mucho fraude fiscal. Y esta opinión es refrendada por los diversos informes que desde hace unos años se vienen publicando al respecto, coincidiendo todos en que el volumen de economía sumergida, con el correspondiente fraude fiscal que conlleva, se sitúa en España en una cifra superior al 20% del PIB.

"Un informe del FMI nos incluye, con un 22,01%, en el pelotón de cabeza de la economía sumergida en la Unión Europea"

En esta línea, el informe “Economías en la sombra alrededor del mundo” -publicado en enero del pasado año por el Fondo Monetario Internacional-, nos incluye, con un 22,01%, en el pelotón de cabeza de la economía sumergida en la Unión Europea, duplicando el nivel de Francia y triplicando el de Alemania, y por detrás, junto a Italia, de todos los países más desarrollados de Europa. Diferencial que obedece, especialmente, a dos factores: el control fiscal y el nivel de conciencia fiscal de los ciudadanos.

En cuanto al control fiscal, cabe destacar la falta de eficacia y eficiencia de nuestro modelo, al que se destinan menos medios, tanto personales como materiales, que en los países de la OCDE y de la UE. Modelo de control en el que, además, se da una confusa delimitación de responsabilidades, que, por tanto, requeriría una organización más plana y un mayor reparto de poder y capacidad de decisión para incrementar la eficacia de la AEAT e impedir injerencias políticas y económicas en las actuaciones de los funcionarios.

Y en lo que se refiere a la baja conciencia fiscal, sin duda está relacionada con la falta de transparencia y la corrupción que, a la vista de los casos que van saliendo a la luz desde hace tiempo, se ha situado en niveles sensiblemente altos. Tenemos leyes de Transparencia muy recientes, mientras que en la mayoría de los países europeos llevan décadas en vigor. Y eso ha llevado a que durante muchos años los ciudadanos no se preocuparan por el debate presupuestario, al contrario de lo que viene ocurriendo desde hace años en otros países europeos, donde el interés por conocer el destino que se da al dinero de los impuestos cunde entre los ciudadanos. En España, el convencimiento de que los gestores despilfarraban, en el mejor de los casos, cuando no incurrían directamente en casos de corrupción, ha alejado a los ciudadanos de esa preocupación.

Afrontar esta situación, planteando medidas efectivas en dichos ámbitos, debería constituir una de las cuestiones inaplazables a debatir por los partidos políticos en las próximas semanas, ante las convocatorias electorales previstas.

Más allá de las diferentes posiciones en torno a la fiscalidad, que en todo caso deberían fortalecer los principios constitucionales de generalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica, sería deseable un pacto lo más amplio posible para prevenir y combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, requisito ineludible en el camino hacia la justicia fiscal.

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