Hacienda recurre a auditoras privadas por falta de recursos
- La IGAE vuelve a solicitar ayuda ante la imposibilidad de cumplir plazos
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -el organismo encargado de controlar las cuentas de las empresas públicas- ha solicitado la contratación de firmas privadas de auditoría ante la "insuficiencia de recursos" para hacer frente a algunas actuaciones de control a entidades estatales durante este ejercicio y el próximo.
"La IGAE carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones incluidas en los planes aprobados, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría", señala la orden ministerial.
Con todo, no es la primera vez que este organismo público -dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- se enfrenta a esta situación, ya que en los últimos años ha tenido problemas para prestar estos servicios en el plazo requerido y muchas entidades privadas han debido realizar este trabajo, lo que le ha supuesto muchas críticas por parte de Gestha (sindicato de Hacienda).
De hecho, lo que empezó como una excepción hace cinco años, ya se ha convertido en una regla y cada vez un número mayor de sociedades públicas son fiscalizadas por compañías privadas. Por ejemplo, hace unos años licitó el concurso para auditar las cuentas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de la Casa de la Moneda y Timbre y de Adif-Alta Velocidad, las de Renfe, y el control de algunas ayudas europeas, entre otros.
Este tipo de licitación suelen tener mucha concurrencia entre las grandes firmas de servicios profesionales, especialmente en las denominadas big four (Deloitte, PwC, KPMG y EY), ya que cuentan con mucha experiencia en realizar este tipo de servicios y, además, tienen equipos especializados en el sector público.
Por ejemplo, EY auditó las cuentas del ICO. Además, hay menos contratos de verificación de cuentas de sociedades estatales grandes y la mayoría de los trabajos son de consultoría como tal. No obstante, es habitual que a estas licitaciones acudan firmas medianas de auditoría.
