Gestha lamenta el "fracaso" de la AEAT ante la caída de la recaudación por lucha contra el fraude
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lamentan que en 2017 cayera la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal por tercera vez en los últimos cinco años, hasta los 14.792 millones de euros, es decir, un 0,6% menos, lo que demuestra el "fracaso" de la AEAT en la materia, y denuncian que el organismo omite información relevante para la evaluación de los resultados.
En una nota, el sindicato subraya que la caída del año pasado en la recaudación por lucha contra el fraude es la segunda que ocurre de manera consecutiva, con unos resultados que "no remontan desde los máximos de 2015", y vuelve a alertar de que la dirección de la AEAT omite detalles relevantes para la evaluación de los resultados en la lucha contra el fraude.
Concretamente, los técnicos reclaman la información de los delitos fiscales denunciados, de los ingresos en ejecutiva y de los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, que históricamente reflejan el núcleo de los resultados económicos de la lucha contra el fraude, y que hasta 2015 se venían publicando.
El sindicato sospecha de que tras la omisión de la cifra de los delitos denunciados contra la Hacienda pública se oculta una nueva caída de los delitos fiscales descubiertos por la AEAT en 2017.
En esta línea, alerta de que 2016 supuso el quinto año consecutivo de caídas de las denuncias de delitos, ya que tan solo se tramitaron 226 denuncias por esta causa, o lo que es lo mismo, un 77,7% menos que los 1.014 delitos fiscales que se denunciaron en 2011, pese a un contexto de "escándalos" como el de los Papeles de Panamá, el de 'Football Leaks' o el de los Papeles del Paraíso, lo que evidencia que "los casos de fraude más que reducirse han ido en aumento".
Asimismo, Gestha señala que las tres principales causas que complican la detección de fraudes superiores a los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se configura el delito fiscal, son la limitación de las competencias de los técnicos de Hacienda -que les impiden concluir los expedientes de delitos, simulaciones, conflictos o fraudes de ley que detectan-, la decisión de la AEAT de adscribir al 80% de la plantilla el control de particulares, autónomos, microempresas y pymes, y al 20% restante la investigación de las multinacionales, grupos empresariales y grandes fortunas; así como la orden de la AEAT de realizar básicamente investigaciones parciales.
REFUERZO DE INVESTIGACION A CONTRIBUYENTES CON MENOS RECURSOS
De igual modo, los técnicos lamentan que aunque en 2017 se investigara a más contribuyentes que en 2010, se descubrió una deuda defraudada menor, por lo que la media descubierta por contribuyente también es inferior.
Según Gestha, esta evolución desde 2010, salvo el repunte registrado en 2015, refleja que la AEAT ha decidido reforzar la investigación de aquellos contribuyentes con menos recursos, como pequeñas empresas, autónomos o trabajadores, en mayor medida que la persecución del fraude sofisticado que cometen las grandes empresas y las multinacionales.
En cuanto a los resultados de la inspección, los técnicos señalan que la deuda liquidada en 2017 fue un 10% inferior a la de 2010, con 624 millones menos, en tanto que el importe medio de la deuda liquidada por contribuyente cayó el año pasado un 20% con respecto a 2010, lo que suponen 51.888 euros menos.
RECAUDAR 40.000 MILLONES A MEDIO PLAZO
Por último, los técnicos recuerdan que por cada euro que ingresa la AEAT en su lucha contra el fraude quedan casi cinco pendientes de cobro e insisten en la necesidad de articular un plan "realista y eficiente" de lucha contra el fraude fiscal, con el que, de acuerdo a sus estimaciones, podrían recaudarse hasta 40.000 millones de euros a medio plazo y reducir ese 25% al que asciende la economía sumergida en España.
Ese plan pasaría por poner en marcha la reorganización de la AEAT, que debería extenderse al resto del Ministerio de Hacienda y especialmente a la Intervención General de la Administración del Estado, para mejorar el control del gasto público y la lucha contra la corrupción, con estructuras más horizontales y capacidad de decisión más compartida; el aumento de las responsabilidades de la plantilla con exigencia de su cumplimiento; y la dotación de más medios.
