Gestha en el Parlamento de Extremadura

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha apuntado a la elevada tasa de desempleo como factor determinante en el aumento de la economía sumergida en Extremadura, que se sitúa en el 31,1% del PIB, el equivalente a 5.000 millones, y lo que supone que se dejen de ingresar 1.700.

Durante su comparecencia a petición de IU en la Comisión No Permanente de Estudio sobre el Fraude Fiscal del Parlamento regional, el presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, ha recordado que Extremadura es la comunidad con mayor porcentaje de economía sumergida al cierre de 2012, casi siete puntos por encima de la media nacional, del 24,6%, según el último estudio del sindicato.

Otro dato destacado, ha añadido, es el porcentaje de los contratos laborales temporales, del 30% en la región frente al 19,5% del conjunto del país.

Junto al paro, ha señalado como otro factor muy influyente el nivel de riqueza y el importante peso de la Construcción y la Agricultura en el PIB regional, por encima de la media nacional, ya que se trata de sectores "muy proclives a la economía sumergida".

Cruzado ha destacado la importancia de atajar la economía sumergida -que aglutina el fraude fiscal y el fraude laboral- puesto que no solo ha supuesto un "agravamiento" de la crisis económica sino que también es una "rémora" para la salida de la misma.

A este respecto, ha criticado la -a su juicio- política errónea de recortar en gastos porque de lo que se trata es de aumentar la partida de ingresos por la vía de la recaudación.

No obstante, ha explicado que existe una correlación entre países más desarrollados, con mayor presión fiscal y que, sin embargo, tienen menor economía sumergida, lo que se explica por la existencia de un mayor control tributario y el nivel de conciencia ciudadana.

Además, ha citado la "multiplicación de casos de corrupción política y empresarial", así como la trayectoria democrática, como fenómeno influyente, pues a menor transparencia y más corrupción, más economía sumergida, y el consecuente "impacto negativo" que esto tiene sobre la conciencia ciudadana.

Para reafirmar estos datos, ha mencionado que el 95% de los españoles consideran que hay un nivel de corrupción importante en el país, la media europea está en el 76%, y somos el segundo país en ese "triste ránking" solo precedidos por Grecia.

Detrás de la economía sumergida, ha continuado, hay también "un problema de moralidad"; cuando a una sociedad no le parecen "condenables" ciertas actitudes relacionadas con este fenómeno -por ejemplo "no está mal visto" no pagar el IVA-, la sociedad está optando por "un modelo de actitud permisiva hacia el fraude".

Igualmente, ha indicado que, según el CIS, casi el 87% de los españoles piensa que los impuestos "no se pagan justamente", en contra del artículo 31 de la Constitución, que establece para el sistema tributario los principios de "progresividad, capacidad económica, igualdad y generalidad".

Entre sus propuestas, ha apostado por aprovechar la reforma fiscal en ciernes -que tal y como se ha presentado, a su juicio, no mejora sino que "empeora" el sistema- para lograr una "mayor equidad" y que cada uno aporte según su capacidad económica; reforma que debería incluir "la desaparición del régimen de módulos".

También ha solicitado el desarrollo de campañas de concienciación para "educar" a los contribuyentes, para lo que es preciso "dar ejemplo" desde el ámbito político y empresarial, condenando que se "devalúe la importancia cuando un político es condenado por fraude fiscal y encima se jacta de ello".

Realizar estudios oficiales sobre economía sumergida, ampliar los recursos de Agencia Tributaria -en España hay 1.928 contribuyentes por cada trabajador frente a los 551 de Luxemburgo-, mejorar la coordinación con las haciendas autonómicas, reforzar el control por parte de los parlamentos autonómicos son otras de sus propuestas.

Asimismo, ha exigido que se garantice la "independencia" de la Agencia Tributaria, que se eviten "tratamientos condescendientes" con ciertos contribuyentes y que se persiga a las grandes empresas y fortunas "donde se concentran las grandes bolsas de fraude".