La AEAT ante su momento más decisivo; por Javier Gómez Vergel, presidente de Gestha

El día 19 de agosto de 2026 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Javier Gómez Vergel en el cual el autor opina que cuando una de las organizaciones más importantes del Estado atraviesa una crisis los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones y los responsables públicos el deber de ofrecerlas.

LA AEAT ANTE SU MOMENTO MÁS DECISIVO

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) afronta en la actualidad probablemente el momento más decisivo desde su creación. El relevo en su dirección general, la comparecencia de la anterior directora general ante el Senado, las reacciones posteriores de distintos colectivos profesionales y diversos episodios que han ocupado recientemente el debate público han situado el foco sobre una institución que rara vez concentra la atención pública. Es lógico que así sea, porque cuando una de las organizaciones más importantes del Estado atraviesa una crisis los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones y los responsables públicos el deber de ofrecerlas. En un Estado de derecho no sólo importan las decisiones que se adoptan, sino también los motivos que las justifican, pues de ellos depende, en buena medida, la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones.

Sin embargo, sería un error pensar que los acontecimientos de las últimas semanas constituyen por sí mismos la crisis de la Agencia Tributaria. Han servido, más bien, para hacer visibles problemas de fondo que llevan tiempo enquistados y reclamando atención.

Así, la AEAT afronta actualmente un profundo relevo generacional, el debate sobre el futuro modelo de financiación autonómica y su gestión, así como problemas internos que llevan demasiado tiempo esperando solución. Cómo se responda a estos desafíos condicionará la fortaleza de la Administración tributaria -y, con ella, la capacidad del propio Estado para cumplir eficazmente una de sus funciones esenciales- durante las próximas décadas. Salir fortalecidos de este momento exige actuar, al menos, sobre tres planos.

En primer lugar, España aborda un debate de enorme trascendencia sobre el sistema de financiación autonómica y el alcance de las competencias que pueden asumir las administraciones tributarias de las comunidades de régimen común. Corresponde al legislador definir ese modelo dentro del marco constitucional, pero, precisamente por la importancia de esas decisiones, conviene abordarlas con el mayor consenso posible, alejándolo del ruido partidista y valorando no sólo su viabilidad jurídica, sino también su oportunidad y sus consecuencias prácticas e institucionales.

Ningún cambio fortalecerá nuestro sistema tributario si debilita la capacidad de la institución que tiene encomendado hacerlo funcionar.

En este sentido, la Agencia Tributaria constituye uno de los principales activos institucionales del Estado. Su experiencia acumulada, la capacidad de su personal y la unidad de actuación y de criterios que debe impregnar su actividad constituyen un patrimonio colectivo que merece ser preservado. La coordinación entre administraciones tributarias es siempre deseable, pero la clave es evitar la fragmentación de las capacidades cuya construcción ha requerido décadas y cuya pérdida favorecería peligrosamente a quienes pretenden eludir sus obligaciones fiscales.

El segundo desafío resulta menos visible fuera de la institución, pero probablemente sea el más determinante: las personas. Durante años se han ido acumulando en la AEAT problemas relacionados con la planificación de las plantillas, la carrera profesional, la movilidad, la promoción interna y el desarrollo competencial. La propia ex directora general reconoció recientemente en el Senado que la gran asignatura pendiente de su mandato ha sido, precisamente, la de los recursos humanos. Esa afirmación tiene un enorme alcance, pues confirma que el principal reto pendiente de la Agencia afecta a la gestión de las personas y que no estamos ante una cuestión únicamente laboral, sino institucional.

La necesidad de afrontar este desafío resulta aún más urgente en un momento en que la Agencia Tributaria encara un profundo relevo generacional. Atraer, desarrollar, aprovechar y retener el talento deja de ser una aspiración organizativa para convertirse en una condición indispensable para preservar la capacidad de la AEAT. En este sentido, la mejor inversión contra el fraude fiscal probablemente no sea incorporar nuevas herramientas, sino aprovechar y cuidar mejor a quienes llevan décadas combatiéndolo.

Implantar una verdadera carrera profesional, corregir las disfunciones en materia de movilidad, aprovechar plenamente el conocimiento de los Técnicos de Hacienda y reconocer adecuadamente su aportación no responde a una lógica corporativa, sino a una idea de la AEAT como institución que aspira a la excelencia poniendo en valor el talento, el conocimiento y la experiencia de quienes la integran.

Existe una tercera cuestión que atraviesa las dos anteriores: la confianza. Las instituciones democráticas no ejercen su autoridad únicamente porque la ley se la atribuya, sino porque la ciudadanía confía en su independencia, objetividad y ejemplaridad.

La ejemplaridad suele presentarse como una exigencia ética, pero también es una necesidad funcional: difícilmente puede una institución ejercer plenamente su autoridad en democracia si la ciudadanía deja de percibirla como independiente, rigurosa y profesional.

Las controversias vividas en los últimos meses, las explicaciones ofrecidas sobre determinados episodios o los debates públicos surgidos en torno a actuaciones concretas deberían servirnos para reflexionar sobre cómo reforzar la confianza que inspira una institución cuya legitimidad debe descansar precisamente en la percepción de que actúa siempre sometida exclusivamente a la ley y al interés general.

La Agencia Tributaria ha demostrado durante más de tres décadas que es posible construir una institución moderna, eficaz y respetada. Un mérito que no pertenece exclusivamente a ningún gobierno, a ningún colectivo profesional ni a quienes circunstancialmente la dirigen, sino a toda la sociedad. Precisamente por eso es tan importante actuar correctamente en este momento tan decisivo. Fortalecer la AEAT constituye una tarea de Estado y no bastará con afrontar uno solo de los desafíos que hoy tiene ante sí. Preservar su integridad institucional, invertir en las personas que la sostienen y reforzar la confianza que inspira forman parte de una misma realidad: garantizar que una de las instituciones esenciales de nuestro Estado de Derecho siga estando a la altura de los desafíos que la sociedad le exige.

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