
David AlonsoDomingo, 31 de mayo de 2026
Uno de cada tres trabajadores de Castilla y León ingresó, de todos sus sueldos, menos de los 15.876 euros equivalentes a un salario mínimo interprofesional anual. Es decir, más de 356.000 castellanos y leoneses contaron con retribuciones que no alcanzaron el SMI, lastrados principalmente por los contratos temporales y parciales vinculados al sector servicios. Una situación que retrata una precariedad persistente y con claro sesgo femenino, ya que 206.562 fueron mujeres. Es decir, ellas representan el 58% de todos los ocupados en esa situación. Además, comparando dentro de cada colectivo, el 42,2% de las mujeres ocupadas no alcanzó ese umbral retributivo de los 15.876 euros al año, frente al 28,1% de los hombres.
En cualquier caso, esta cifra no significa que estos cobraran por debajo del SMI en una jornada completa –algo ilegal–, sino que sus ingresos quedaron por debajo de ese umbral por la sucesión de empleos de corta duración, según se desprende de un informe elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El documento, no obstante, sitúa a Castilla y León algo mejor que la media de las comunidades de régimen común, donde el porcentaje se eleva al 37%, con comunidades como Andalucía, Extremadura o Murcia superando con creces el 40% de trabajadores 'por debajo' del SMI.
Detrás de esa fotografía hay, según los sindicatos, una mezcla de temporalidad, jornadas incompletas y un modelo productivo que sigue descansando demasiado sobre actividades de bajo valor añadido. El secretario de Acción Sindical de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, apunta a la contratación parcial «no voluntaria y no deseada» y al peso de los servicios, donde los salarios de la Comunidad se sitúan un 13,6% por debajo de la media nacional. «El trabajo a tiempo parcial impuesto tiene mucho que ver», resume a este periódico, antes de reclamar que la jornada parcial responda a una causa real y «no a una forma de abaratar costes».
Fraile recuerda, además, que los salarios de Castilla y León se mantienen un 10,5% por debajo de la media estatal y atribuye esa brecha a una estructura empresarial que, a su juicio, ha apostado por competir con bajos sueldos en lugar de hacerlo con «cualificación y valor añadido». «Tenemos una patronal egoísta y cicatera», concluyó, al tiempo que subrayó que muchos afectados «encadenan campañas de pocos meses» o jornadas parciales que no les permiten reunir al final del año una renta suficiente.
Salarios indignos
El diagnóstico es similar desde UGT. Su vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral, Alberto Miguel, sostiene que Castilla y León «no tiene un problema de falta de trabajadores», sino «un problema de salarios indignos y de precariedad estructural». A su juicio, el dato demuestra que «uno de cada tres trabajadores sigue siendo pobre aun teniendo empleo», especialmente en una Comunidad donde, lamenta, la precariedad «tiene rostro de mujer» y miles de personas «enlazan contratos precarios, jornadas parciales involuntarias y sueldos que no permiten llegar a fin de mes».
UGT introduce, además, una lectura territorial, y Miguel sostiene que la Comunidad avanza a dos velocidades. Por un lado, las provincias con mayor peso industrial, como Burgos, Palencia, Soria o Valladolid, presentan mejores salarios y más estabilidad, mientras que donde domina el sector servicios se ensanchan la parcialidad y los sueldos bajos: «Donde hay industria hay mejores salarios y más estabilidad; donde no la hay, crece la precariedad y la despoblación». Ambos sindicatos coincidieron en que las subidas del SMI han empujado muchas tablas salariales, pero no han sido suficientes para corregir el problema de fondo: la «falta de continuidad laboral» y la «parcialidad involuntaria».
Desigualdad
El informe de Gestha incorpora otra derivada: la desigualdad no solo se sostiene por la base salarial baja, sino también por la concentración en la parte alta. En Castilla y León, el 0,01% de los mayores declarantes elevó sus rentas medias un 216% entre 2003 y 2023, aunque la Comunidad mantiene una desigualdad inferior a la media. Además, la estadística de la Agencia Tributaria apuntala este dato y revela que Castilla y León registró en 2023 un total de 4.858 contribuyentes con retribuciones dinerarias de más de 150.000 euros, un 18,5% más que el año anterior, aunque apenas representaron el 0,35% del total de declarantes. En el extremo opuesto, 447.424 personas declararon menos de 12.000 euros, casi uno de cada tres contribuyentes.