Gestha destaca las nuevas deducciones autonómicas en salud, bienestar y vivienda de cara a la Renta
Los técnicos de Hacienda reclaman prohibir la actividad lobista a quienes han sido políticos y altos cargos tras el "caso Zapatero"
Denuncian "la insuficiente transparencia que rodea determinadas relaciones entre responsables públicos y grandes intereses económicos"
Javier de Antonio
Tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, los técnicos de Hacienda reclaman reclaman un impulso definitivo a las reformas legales necesarias "para garantizar que las decisiones públicas respondan exclusivamente al interés general, tras las recientes actuaciones judiciales" y que incluso se desarrolle una regulación más estricta de la actividad lobista en España que prohíba a los políticos y altos cargos que dejen sus actividad dedicarse a ello.
El sindicato Gestha denuncia la "insuficiente transparencia" que rodea las relaciones entre grandes sectores económicos y responsables públicos, que "erosiona la confianza ciudadana en las instituciones", por lo que es necesario "avanzar en la regulación de la actividad de influencia, la incompatibilidad, la transparencia y el fortalecimiento de la integridad institucional" .
En un comunicado explica que el problema no reside únicamente en la existencia de grupos de presión, sino en "la insuficiente transparencia que rodea determinadas relaciones entre responsables públicos y grandes intereses económicos". Para atajar esta situación, proponen la creación de un registro obligatorio de grupos de interés público y un código de conducta para los lobistas que incluya la prohibición de ofrecer regalos o beneficios a cargos públicos.
En concreto, reclama la publicación obligatoria de las agendas de los responsables públicos, incluyendo los asuntos tratados y los documentos presentados en cada reunión. Además, plantea la creación de una agencia independiente de integridad pública, con una dirección nombrada por el Congreso por un periodo de seis años, el fortalecimiento de los órganos de control y supervisión, tanto externos como internos (Tribunal de Cuentas y Cámaras de Cuentas de las CC AA, así como la Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control interno de CCAA y Entidades locales), la creación de la Agencia independiente de Integridad Pública para una gestión e investigación centralizada -dirigida por una nueva Autoridad nombrada por el Congreso por un plazo de seis años para garantizar la independencia del Gobierno-, la ampliación de la prescripción de delitos, la recuperación de lo robado y beneficios penitenciarios para que solo se pueda acceder a beneficios penitenciarios tras la reparación económica del daño causado al patrimonio público, el uso de Inteligencia Artificial para ayudar a detectar indicios de conflictos de intereses en los procesos de gasto, contratación y subvenciones del sector público, y la implementación obligatoria de planes estratégicos para prevenir el fraude para que las administraciones y grandes empresas identifiquen sistemáticamente sus áreas vulnerables al fraude y diseñen planes para prevenirlo.
Desde Gestha estiman que el principal problema "no reside únicamente en la existencia de actividades de representación de intereses mediante lobby -que deberían estar reguladas por ley y que deberían estar prohibidas para quienes han sido altos cargos, altos funcionarios y para quienes han ejercido puestos de representación públicas-, sino en la insuficiente transparencia que rodea determinadas relaciones entre responsables públicos y grandes intereses económicos". Por ello, piden establecer la "obligación de hacer públicas las agendas sin limitaciones". El sindicato insiste en que este debate debe abordarse desde el consenso político para proteger la autonomía del poder público frente a determinados intereses económicos.
