Técnicos de Hacienda piden reforzar la transparencia y la integridad pública ante el caso Plus Ultra

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha reclamado un impulso a las reformas legales necesarias para garantizar que las decisiones públicas respondan exclusivamente al interés general, tras las recientes actuaciones judiciales desarrolladas en el denominado caso Plus Ultra.

Según Gestha, la insuficiente transparencia que rodea las relaciones entre grandes sectores económicos y responsables públicos erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, por lo que es necesario avanzar en la regulación de la actividad de influencia, la incompatibilidad, la transparencia y el fortalecimiento de la integridad institucional.

De hecho, los técnicos del Ministerio de Hacienda creen que el principal problema no reside únicamente en la existencia de actividades de representación de intereses mediante lobby, sino en la insuficiente transparencia que rodea determinadas relaciones entre responsables públicos y grandes intereses económicos. Por ello, han pedido establecer la obligación de hacer públicas las agendas sin limitaciones.

Además, entre las medidas propuestas, han planteado la creación de un registro de grupos de interés público y obligatorio, gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses, o el establecimiento de un código de conducta obligatorio para los lobistas, sometido a principios éticos estrictos, que incluya la prohibición de ofrecer regalos o beneficios a cargos públicos, así como la publicidad de las infracciones graves.

Gestha ha propuesto, asimismo, reforzar las incompatibilidades tras el cese de altos cargos y funcionarios, prohibiendo que realicen actividades de influencia en materias relacionadas con sus competencias previas.

Otra de las medidas pasa por la publicidad de agendas y documentos de los cargos públicos, de modo que se informe de las reuniones mantenidas, los asuntos tratados y los documentos presentados.

Finalmente, el sindicato ha planteado fortalecer los órganos de control y supervisión, crear una Agencia independiente de Integridad Pública, ampliar los plazos de prescripción de delitos de corrupción, recuperar los fondos sustraídos condicionando los beneficios penitenciarios, incorporar inteligencia artificial para detectar conflictos de interés y establecer planes estratégicos obligatorios de prevención del fraude.

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