
El impacto de la guerra de Irán sigue encareciendo los precios de la energía y los carburantes pero las actuales ayudas del Gobierno para abaratar su coste tienen los días contados. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pronosticado que el Gobierno suprimirá la bajada del IVA a la electricidad, gas, gasolinas y gasóleos el 30 de junio, una vez venza el plazo fijado en el primer paquete anticrisis para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.
En cambio, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha estimado que las medidas económicas contra el impacto de la guerra en Irán han reducido en más de un punto la inflación en abril, y ha avanzado que "si las circunstancias lo requieren", el escudo social se extenderá más allá de los tres meses iniciales.
Los técnicos de Hacienda han hecho esta consideración tras publicarse las prácticas recomendadas por la Comisión Europea para proteger a los consumidores y a la industria con el objetivo de una transición limpia a largo plazo, apoyar el ahorro energético inmediato, el despliegue rápido de soluciones limpias y fomentar las inversiones en eficiencia energética y la producción de energía.
Gestha "coincide con la mayor parte de las recomendaciones de la Comisión Europea, entre las que se incluye la reducción de los impuestos especiales acorde con los debates precedentes, pero considera que las bajadas generalizadas del IVA son contrarias al Plan de Acción de la UE para la Energía Asequible y a la estrategia de eliminación del trato preferencial para los combustibles fósiles".
Los técnicos de Hacienda recuerdan que las bajadas generalizadas de IVA son "regresivas", tal y como demostraron los estudios para analizar la efectividad de las medidas adoptadas por la guerra de Ucrania. Las rebajas fiscales aplicadas entonces fueron utilizadas con mayor intensidad por los hogares de mayores ingresos, los cuales suelen disponer de mejor climatización en sus hogares, de un mayor tamaño, así como de un mayor número de vehículos particulares por hogar, que utilizan más y suelen ser de gamas más altas y con mayores consumos.
En su lugar, la Comisión europea apuesta por incentivos temporales para reducir el uso del vehículo privado, como el transporte público gratuito o a bajo coste, el despliegue de vehículos eléctricos, el apoyo a los biocombustibles sostenibles para el transporte aéreo y marítimo, o desincentivos fiscales basados en las emisiones de CO2 para vehículos de combustible convencional.
Los técnicos de Hacienda han insistido en que la reducción de tipos impositivos y gravámenes en las facturas eléctricas son "medidas coyunturales y paliativas" para compensar a los consumidores de la subida de precios en la electricidad, pero no aborda las causas que la provocan, por lo que proponen reducir los costes de transporte y distribución (peajes) y de las tarifas de acceso a la red, y demás medidas previstas en el Plan europeo de Energía limpia.
Gestha, por ejemplo, sí considera compatible con las recomendaciones europeas la ayuda española de 20 céntimos por litro de carburante a transportistas, agricultores y pescadores, o la vigilancia por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia del comportamiento de las operadoras, la logística, la cadena alimentaria o el comercio minorista. No obstante, el sindicato exige una coordinación efectiva de las administraciones públicas para conceder este tipo de ayudas y para paliar la crisis de precios en alimentación y vivienda.
Asimismo, Gestha defiende la vigilancia estricta de los márgenes comerciales, los stocks y el control de los movimientos especulativos, y propone las siguientes medidas para el siguiente paquete anticrisis de intensificarse la senda inflacionista, siempre centradas en los sectores más afectados y en los hogares de menos ingresos:
-La reforma del sistema marginalista de precios, porque, según Gestha, no es eficiente que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) marque el precio para todas las demás.
-Fomento del teletrabajo, tan amplio como sea posible, en empresas y administraciones públicas.
-El refuerzo temporal de algunas prestaciones públicas, reeditar vales o cheques de emergencia para la alimentación de familias vulnerables u hogares en situación de pobreza energética, diferenciando su importe según el nivel de ingresos, y evitar las desconexiones por impago a consumidores vulnerables.
-Fomentar la transición de las instalaciones industriales que utilicen energías renovables.
-Reforzar la supervisión de operaciones de futuros sobre la electricidad y sobre los derechos de emisión de CO2.