Ser más eficientes en el control del gasto es la prioridad número uno, de ahí que el primer eje del plan propuesto gire en torno a esta idea, según el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO. Para lograrlo, piden que se refuerce la Intervención General del Estado (IGAE) para reforzar el control permanente y la auditoría de toda la Administración, incluidos los entes públicos que se financien con recursos públicos, como por ejemplo empresas públicas como Adif o Correos. Piden, además, establecer un régimen de exigencia de responsabilidades a los gestores del gasto para evitar dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco eficientes, así como la coordinación de los órganos de control del gasto de las administraciones estatal y territoriales, con publicidad de la actividad desarrollada y de las cuentas públicas.
Para luchar contra el fraude, retoman dos peticiones históricas. Por un lado, que se iguale el plazo de prescripción administrativo y penal a 5 años o 10 años en los casos de delitos agravados, así como unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales y delitos agravados. Por otro, que se refuerce la plantilla de la Agencia Tributaria, equiparándola en número a la media de los países europeos de nuestro entorno. Esto último "requeriría entre 15.500 y 17.400 nuevos empleados al equipararnos con las administraciones tributarias de la UE-27, cifra que sube a entre 21.200 y 23.600 nuevos efectivos al equipararnos a las administraciones tributarias de la Eurozona y elevar la prescripción tributaria".
"Para los técnicos de Hacienda disponer de menor plantilla que los países más avanzados implica un peor combate contra la economía sumergida y el fraude, por lo que recuerdan también que la Estrategia 2050, un documento de prospectiva elaborado en mayo de 2021 por distintos grupos de expertos acreditados en cada área de conocimiento, propone el reto de reducir la economía sumergida a la mitad, para situarla en el 10% del PIB en 2050 y converger con la media de los ocho países más desarrollados de la UE". Solicitan, también, más técnicos de Hacienda con horarios de 24 horas en las Aduanas para realizar los controles en puertos y aeropuertos, con una mejora de sus condiciones laborales, turnos de trabajo y retribuciones.
Además, son partidarios de la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda "para aumentar la eficacia en la prevención y reducción del fraude y del control del déficit público"; consideran que el Ministerio debería llevar a cabo una evaluación de la economía sumergida en España y someterla a control parlamentario, y exigen coordinación y colaboración entre las Administraciones Tributarias Estatal y de las Comunidades Autónomas, así como la creación de una Base de Datos Fiscales Única compartida.
Aprovechan la carta para recomendar al Ejecutivo que tengan en cuenta los libros blancos elaborados en 2014 y 2022 a la hora de acometer la reforma del sistema tributario, de la que ahora podría aprobarse parte -al menos en relación al IRPF- en el marco de la reforma del sistema de financiación autónomica. "Aprobar una reforma fiscal que mejore el cumplimiento de los principios del artículo 31.1 de la Constitución, según los puntos comunes de los informes de las personas expertas para la Reforma fiscal de 2014 y 2022, para la Revisión del modelo de financiación autonómica de 2017 y para la Revisión del sistema de financiación local de 2017".
El citado artículo establece que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". En este sentido, denuncian que "los principios de progresividad constitucional no siempre se cumplen. Así, una gran fortuna que reciba un millón de euros en dividendos, soporta un tipo efectivo en el IRPF del 26,78%, el mismo tipo que, en general, soportan trabajadores o autónomos con bases liquidables de 42.092,64 euros".
Creen que habría que mejorar las normas de los impuestos estatales, para reducir la elusión y evitar perjuicios al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, permitiéndoles revocar o confirmar las opciones fiscales en cualquier momento dentro del plazo de prescripción; y redefinir las exenciones, reducciones, bonificaciones y deducciones evaluando que cumplen con su finalidad, según los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Lucha contra la desigualdad fiscal
Ante la "importante brecha de desigualdad fiscal y social" que existe en España, Gestha pide un Pacto de Estado contra la Pobreza que utilice los efectos redistributivos del sistema tributario con mayor intensidad.
Ve importante también "sensibilizar" a los ciudadanos sobre la importancia de pagar impuestos y sobre la eficiencia del gasto público. Por ello, proponen "programas de asesoramiento fiscal a los contribuyentes y de información de las cartas de servicio de las administraciones y del gasto destinado a los servicios públicos; programas para reforzar la conciencia social de condena a la corrupción, evasión, contrabando, economía sumergida y abuso en los servicios públicos; mayor transparencia de las grandes empresas en materia fiscal, incluyendo en el informe económico los importes desglosados del pago real de impuestos en todos los países donde operen; y una regulación del estatuto de la profesión de los asesores fiscales y de su régimen de responsabilidad".
El apartado más extenso del documento es el que contiene las medidas para prevenir la corrupción en la contratación pública, con 20 propuestas que incluyen clarificar las funciones de la IGAE, desconcentrar el poder de decisión de la contratación entre un mayor número de empleadas y empleados públicos con estructuras menos verticales y jerarquizadas, evitando las injerencias políticas o empresariales; potenciar los procedimientos de investigación de irregularidades en los controles financieros y auditorías públicas en la IGAE y los órganos de control interno de las comunidades que, hasta ahora, son excepcionales dada la escasez de informes especiales emitidos en la IGAE para la tramitación de las irregularidades una vez detectadas.
Ven imprescindible, también, un aumento progresivo de las plantillas de la IGAE, AEAT, Haciendas Forales y Servicios tributarios autonómicos a la media de los países europeos, ya que "España adolece de un déficit en el número de técnicos para el control que necesita la envergadura de nuestro país, dotándoles de itinerarios de formación especializada"; establecer un Sistema de Alertas Rápidas de la corrupción en la Administración del Estado, de las comunidades y de las Entidades locales y en su sector público instrumental; o modificar la normativa de financiación de los partidos políticos, entre otras medidas.
Respecto a la propia organización interna de la Agencia Tributaria, piden que les dejen alcanzar los tres días de teletrabajo a la semana para los puestos que no son de prestación presencial obligatoria, como ocurre en otros Ministerios, aseguran.
Medidas anticrisis por la guerra en Irán
Las últimas ocho propuestas están destinadas a "paliar los efectos de la crisis económica, energética e inflacionaria derivada de la guerra en Oriente Medio" y no son, por tanto, estructurales. Gestha cree que el Gobierno debería sustituir las bajadas de IVA indiscriminadas por dar "ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y actividades de la pesca si la espiral inflacionaria o los efectos de la crisis se traslada a los precios de los alimentos, de la vivienda o de otros bienes de consumo".
Considera que es necesaria una "vigilancia estricta por la CNMC" de los márgenes comerciales, los stocks y el control de los movimientos especulativos; el fomento del teletrabajo en empresas y el sector público; el "refuerzo temporal de algunas prestaciones públicas", reeditar "vales o cheques de emergencia para la alimentación de familias vulnerables u hogares en situación de pobreza energética, diferenciando su importe según el nivel de ingresos, y evitar las desconexiones por impago a consumidores vulnerables".
Proponen también "profundizar en los incentivos fiscales a las empresas y trabajadores por utilizar cheques o tarjetas de transporte público; fomentar la transición de las instalaciones industriales que utilicen energías renovables; reforzar la supervisión y, en su caso, prohibir las operaciones de futuros sobre la electricidad y sobre los derechos de emisión de CO2" y llevar a cabo una "reforma del sistema marginalista de precios, porque, según Gestha, no es eficiente que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) marque el precio para todas las demás, conclusión a la que también llega la Comisión Europea, por lo que proponen subastas basadas en costes de producción y la eliminación de los beneficios caídos del cielo en centrales nucleares e hidráulicas".
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2026/03/31/69ca62d5e9cf4a85248b4591.html
