Esta semana, el Consejo de Ministros aprobó un incremento del Salario Mínimo Interprofesional del 3,1% para el año 2026, estableciéndolo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Esta medida, acordada con los sindicatos CCOO y UGT, incluye una modificación en el IRPF que exime de tributación el nuevo salario mínimo. Sin embargo, lo que realmente destaca es el impacto fiscal que se extiende más allá de esta medida: los técnicos de GESTHA (Técnicos del Ministerio de Hacienda) han señalado que casi tres millones de contribuyentes podrían beneficiarse si deciden presentar su declaración de la renta.
La nueva deducción permite que quienes ganen hasta 17.094 euros brutos anuales —equivalente al nuevo SMI en 14 pagas— queden exentos de tributar, con una reducción progresiva hasta alcanzar los 20.000 euros. Esto supone una notable ampliación respecto al umbral establecido para 2025, que era de 15.876 euros. Cada trabajador que se acoja a esta medida podrá ahorrar hasta 591 euros, según datos proporcionados por la ministra de Hacienda María Jesús Montero. En total, GESTHA estima que esta iniciativa generará un coste aproximado de 200 millones de euros para el Tesoro Público.
Quién debe presentar la declaración
Los técnicos del Ministerio recomiendan encarecidamente que todos los asalariados cuyos ingresos oscilen entre 15.876 euros —el SMI correspondiente a 2024 ya exento de tributación— y 20.000 euros brutos anuales presenten su declaración. Esta sugerencia no es solo un consejo: aquellos que se encuentren en este rango pueden obtener la devolución de retenciones realizadas previamente.
Es obligatorio declarar para quienes superen los 15.876 euros provenientes de dos o más empleadores, salvo que las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores no superen en total los 1.500 euros anuales. Para quienes reciban ingresos únicamente de un pagador, el límite se eleva a 22.000 euros. Además, aquellos asalariados con ingresos entre 20.000 y 22.000 euros brutos —que ya no están dentro del rango para la deducción ampliada— también pueden encontrar beneficios al presentar su declaración si cuentan con otras deducciones que les permitan recuperar parte de las retenciones.
El mapa territorial de beneficiarios
La distribución geográfica de los beneficiarios está muy relacionada con el tamaño poblacional en cada comunidad autónoma. Así, Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana albergan el 52,1% de los asalariados cuyas rentas oscilan entre los 15.876 y los 20.000 euros y que podrán beneficiarse efectivamente de la deducción ampliada. Al ser estas regiones las más pobladas, el impacto es considerablemente mayor en términos absolutos en estos territorios.
Sin embargo, cuando se observa desde una perspectiva relativa, el panorama cambia. Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de asalariados en este rango salarial son Canarias, Murcia y Extremadura. Los técnicos atribuyen esta concentración a la baja cuantía media de los salarios en estas zonas, donde predominan contratos a tiempo parcial y temporales. Por otro lado, las comunidades con menor proporción son Cataluña, Madrid y Aragón, donde este fenómeno es menos pronunciado.
En detalle, la incidencia del SMI es más alta en Canarias (18%), seguida por Extremadura (16,1%), Murcia (13,5%) y Andalucía (13,2%). Estas regiones comparten un alto componente sectorial vinculado a condiciones laborales desfavorables como agricultura, comercio y hostelería.
Quiénes se benefician más de la subida
El incremento del SMI tendrá un impacto positivo para aproximadamente el 9% de los trabajadores españoles, aunque ciertos colectivos se verán favorecidos en mayor medida. La población joven es uno de los grupos más beneficiados: el 19,5% de aquellos asalariados a jornada completa con menos de 24 años obtendrá ventajas significativas; mientras que un 10,9% entre los trabajadores de 25 a 34 años también verá mejoras en sus ingresos gracias a este aumento. A partir de los 35 años, esta incidencia disminuye notablemente por debajo del promedio general.
El SMI afecta especialmente a colectivos con condiciones laborales menos favorables como son las mujeres, jóvenes, extranjeros y empleados temporales. En cuanto al tipo contractual, alrededor del 80% de los beneficiarios posee contrato indefinido, lo cual resalta la relevancia del SMI para mantener condiciones salariales adecuadas entre quienes tienen empleo estable. En contraste, el 20% cuenta con contrato temporal, cifra superior a la tasa general existente sobre temporalidad.
Por sectores económicos, casi un tercio de quienes reciben el SMI trabaja en hostelería o comercio, mientras que la incidencia relativa es mucho mayor en sectores como la agricultura (27% entre asalariados beneficiados), seguidos por otros servicios (25%) y comercio y hostelería (13%).
Desde el año 2018 hasta ahora, el SMI ha experimentado un aumento acumulado del 66%, lo cual se traduce en un incremento mensual equivalente a 485,10 euros y anual a unos 6.791,40 euros. Este nuevo importe establece además que aquellos trabajadores con contratos temporales inferiores a los 120 días no podrán recibir menos de 57,82 euros por jornada legal; igualmente las empleadas del hogar bajo régimen externo tendrán derecho a cobrar al menos 9,55 euros por hora efectiva trabajada.
