
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, conocido como Gestha, ha acogido favorablemente el reciente acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para fijar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 17.094 euros anuales sin tributación. Este pacto implica que el Ministerio de Hacienda deberá incrementar la deducción por obtención de rendimientos del trabajo a 592,68 euros. Con este ajuste, los trabajadores solteros sin cargas personales ni familiares quedarían exentos de tributar, lo que se estima tendrá un impacto sobre el Tesoro Público cercano a los 200 millones de euros.
Los técnicos de Hacienda señalan que para delimitar correctamente la capacidad económica que no debería estar sujeta a gravamen en el IRPF, es esencial actualizar el mínimo personal y familiar. Sugieren que este ajuste se realice con prontitud y que en el futuro se sincronice con las revisiones del SMI. Según su análisis, la deducción en la cuota es la herramienta adecuada para evitar la tributación del SMI, eludiendo así efectos regresivos que podrían derivar de reducciones en base.
Gestha destaca la ventaja de que estos incrementos del SMI no afectan significativamente los costos empresariales. Esto se debe tanto al control de los costes salariales como al manejo de las bases mínimas de las cotizaciones sociales, lo que, sostienen, podría facilitar un punto de encuentro más cercano entre el Ministerio de Trabajo y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Además, los técnicos del sindicato han solicitado que esta deducción se extienda a pensionistas y desempleados. Argumentan que estas percepciones se consideran también rentas del trabajo y, por ende, deberían beneficiarse de las mismas condiciones fiscales ventajosas.
La propuesta de ampliar las deducciones refleja una preocupación creciente por proteger a los sectores más vulnerables y evitar cargas tributarias que puedan afectar negativamente a sus economías. A medida que se desarrollan las conversaciones y se despliegan las políticas, Gestha continúa defendiendo ajustes fiscales que busquen equidad y eficiencia, minimizando, en la medida de lo posible, el impacto en las arcas públicas. Esta postura podría, a futuro, servir de motor para un cambio estructural en la manera en que se abordan las políticas salariales y fiscales en España.
Fuente: Gestha