Técnicos de Hacienda advierten de que externalizar la inspección tributaria local incentiva el fraude fiscal

Gestha vincula esta peligrosa deriva en la lucha contra el fraude a la deficiente dotación y gestión de los recursos humanos en las administraciones que tienen encomendada la aplicación del sistema tributario y el control de la ejecución del gasto público.

Ponen como ejemplo la evolución de la plantilla de la Agencia tributaria estatal (AEAT) que, con una edad media de 49,6 años, se ha reducido desde el año 2000 en más de 600 personas y mantiene paralizada su carrera profesional desde hace casi dos décadas, con el agravante de los problemas para la movilidad de sus técnicos.

En el ámbito local la falta de previsión y de buena gestión de los medios personales ha llevado, incluso, a algunos ayuntamientos a externalizar funciones inspectoras, lo que desde Gestha consideran no solo rechazable por la reducción de garantías de los ciudadanos y el riesgo de pérdida de confidencialidad de los datos, sino contrario a Derecho al implicar el ejercicio de potestades públicas esenciales por empresas privadas. 

Todo ello, a pesar de que desde el año 2000 la población residente ha crecido en torno a un 25 % en España -de 40 a 49 millones-, las empresas activas han pasado de 2,59 millones a 3,25 millones, los casos de fraude son más numerosos y la evasión reviste formas más complejas y sofisticadas.

Para Gestha, la deficiente gestión de los recursos personales en la administración tributaria tiene consecuencias nefastas para los intereses generales, como el desplome del 82% en el número de denuncias por delitos contra la Hacienda Pública desde 2011, la reducción de un 18% desde 2015 de los ingresos derivados en la prevención y la lucha contra el fraude en relación con el tamaño de la economía productiva, o la pérdida de oportunidad de no lograr una mayor investigación del fraude, que ha supuesto a la AEAT no recaudar cientos de millones adicionales solo en el último año.

Por todo ello, los Técnicos instan a reforzar y reconocer los medios de Ministerio de Hacienda -en particular de la AEAT y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)- y organismos análogos en las comunidades autónomas y haciendas locales para combatir el fraude, garantizar la legalidad y mejorar el control del gasto público.

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