El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) asegura que "la ausencia de una carrera profesional en la AEAT y en el Ministerio de Hacienda está deteriorando la estructura administrativa y provocando una pérdida de recursos clave que perjudica a los contribuyentes que sí cumplen y a los servicios públicos que se financian con sus impuestos".
Recuerdan en un comunicado que "desde 2011, las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82%; un descenso que prueba el débil control de los grandes evasores, mientras aumentan los controles a particulares, autónomos y pymes".
Ante esta situación, "Gestha reclama un nuevo acuerdo de Carrera profesional que se ajuste al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), evitando la pérdida de recursos y reforzando la capacidad de la Administración para combatir el fraude y controlar el gasto público".
También reclaman un plan de movilidad geográfica y funcional que "se ha convertido en otro de los principales focos de tensión, ya que la AEAT está aplicando un criterio inverso al que cabría considerar más adecuado".
Calculan que unos 1.200 técnicos de Hacienda "querrían trasladarse al lugar donde tienen sus relaciones familiares y afectivas, pero no pueden hacerlo porque los destinos se ofrecen primero a quienes acaban de aprobar la oposición por promoción interna, y solo después se ofrecen las plazas vacantes a los que cuentan con más antigüedad y mejor valoración de su trabajo".
Gestha teme que si esta situación se cronifica manteniéndose las actuales bases, "seguirá perjudicándose el servicio público, pues la Administración ya no tendrá técnicos donde realmente los necesita, sino en el lugar desde donde promocione un administrativo o agente tributario".
Según los técnicos de Hacienda, "esta falta de movilidad está provocando plantillas desmotivadas, vacantes sin cubrir en territorios con alta economía sumergida y una rotación que dificulta la especialización de los equipos, justo lo contrario de lo que necesita la eficacia frente al fraude".
Por último, Gestha reclama también que se salde la que denominan "deuda histórica con los técnicos", mediante una reorganización que permita "estructuras más eficientes en la lucha contra el fraude y el control del gasto, cumpliendo con una disposición de la Ley de prevención del fraude fiscal de 2006, que instaba a desarrollar la carrera administrativa de los técnicos del Ministerio de Hacienda y a reconocer su compleja labor, su responsabilidad y sus funciones superiores".
Los técnicos son el mayor colectivo de funcionarios de la AEAT, representan más del 80% de los funcionarios del grupo A con competencias para investigar el fraude fiscal y aduanero, liquidar deudas y sanciones y cobrarlas, así como el 91% de los funcionarios del grupo A competentes en la Intervención General del Estado (IGAE) para controlar el gasto público y las subvenciones, y son mayoría en los Tribunales económico administrativos, Catastro y otros centros directivos del Ministerio.
"Reconocer la experiencia y los resultados de los técnicos es una condición básica para que los grandes defraudadores perciban que el riesgo de ser descubiertos es real, y que la ciudadanía tenga la garantía de que el sistema no se concentra solo con los pequeños errores de los contribuyentes y para mejorar el control del gasto público".
