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“Radical descenso” de denuncias por delitos tributarios en Canarias: la Fiscalía lo achaca a la “prudencia” de Hacienda
La última memoria del Ministerio Público señala que la mayoría de las actas de liquidación que superan los 120.000 euros (el umbral del delito fiscal) no llegan a la vía penal “al no apreciarse de manera clara indicios de fraude, debiéndose en muchas ocasiones a erróneas interpretaciones de la norma tributaria”
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La Fiscalía de Canarias constata por segundo año consecutivo un descenso “radical” de las denuncias por delitos contra la Hacienda Pública. En su memoria anual, el Ministerio Público sostiene que ha analizado este desplome (del que no ofrece cifras exactas) en reuniones periódicas con la Agencia Tributaria y que el organismo estatal esgrime que se debe a la aplicación de un “criterio de prudencia” en la tramitación de los expedientes. La mayoría de las actas de liquidación que superan los 120.000 euros (el umbral del delito fiscal) no llegan a la vía penal “al no apreciarse de manera clara indicios de fraude, debiéndose en muchas ocasiones a erróneas interpretaciones de la normativa tributaria”.
Sobre ese descenso de denuncias, que se da en todo el territorio nacional, se ha pronunciado recientemente Gestha. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda emitió en septiembre un comunicado en el que mantenía que esa disminución no obedecía a “un mejor cumplimiento” de las obligaciones tributarias, sino a que “se persiguen menos los fraudes más complejos y sofisticados”. A modo de ejemplo, incidía en que el importe de las cuotas tributarias defraudadas ha menguado apenas un 10%, mientras que las denuncias (hasta 2022) lo habían hecho un 85%. Ese dato demuestra, a juicio de Gestha, “que los evasores defraudan más, pero se les denuncia menos”.
El sindicato de técnicos de Hacienda también ponía de manifiesto que el Ministerio de Hacienda ha “omitido” la información sobre las denuncias por delitos fiscales en los últimos años.
Según la última memoria de la Fiscalía de Canarias, en 2024 se abrieron seis diligencias de investigación sobre delitos tributarios en Las Palmas y cuatro en la de Santa Cruz de Tenerife. Esas cifras implican un considerable descenso en la provincia oriental (en 2023 se incoaron once, casi el doble) y un ligero ascenso en la occidental (el año precedente se registraron tres, una menos).
Las Palmas
De las seis diligencias de investigación abiertas en Las Palmas, cinco provenían de denuncias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Tres por un delito de frustración en la ejecución (conductas maliciosas para evitar que un acreedor pueda cobrar una deuda) y dos por un delito contra la Hacienda Pública. En todas ellas presentó querella la sección de Delitos Económicos de esta Fiscalía, con Evangelina Ríos como decana. Junto a ella está Jorge Pobre y otros tres fiscales, una en San Bartolomé de Tirajana y otros dos en Arrecife y Puerto del Rosario.
Esta sección redactó el año pasado 23 escritos de conclusiones provisionales, más que el año precedente (17), pero muchos menos que hace dos (48). En 19 de ellos pidió condena para los procesados (ocho por delitos contra la Seguridad Social, siete por delitos de frustración de la ejecución, dos por delitos sociosanitarios, uno por apropiación indebida y otro por estafa). En otros cuatro procedimientos pidió la absolución de procesados por delitos contra la Seguridad Social, delito societario y frustración de la ejecución (dos).
La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Las Palmas contabilizó ese año 18 sentencias condenatorias y 10 absolutorias.
En 2024 la Audiencia Provincial resolvió la causa más mediática de los últimos años en Las Palmas sobre delitos tributarios, la que sentó en el banquillo al empresario Miguel Ángel Ramírez como acusado por el presunto fraude de 36 millones de Seguridad Integral Canaria a Hacienda y a la Seguridad Social. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas fue absuelto. Por un lado, porque Salvador Alba contaminó la causa durante los seis meses en que la instruyó, al tratar de utilizar el procedimiento para desprestigiar a su antecesora, la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell, la víctima de los delitos por los que fue condenado el ya exmagistrado. Otra de las razones de esa absolución, según la sentencia notificada en abril de ese año, tenía que ver con “la indefinición” de algunas de las liquidaciones de la Agencia Tributaria. La Fiscalía del Supremo ha pedido repetir el juicio que absolvió a Ramírez.
Santa Cruz de Tenerife
En la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se abrieron en 2024 cuatro diligencias de investigación, dos por delitos societarios y dos por insolvencia punible y/o frustración de la ejecución. De ellos solo uno finalizó con la presentación de una querella. El año anterior se incoaron tres, pero todas ellas acabaron en querella.
Después de la reorganización ejecutada en 2015, la sección de Delitos Económicos de la provincia occidental está compuesta por seis fiscales en la capital, Santa Cruz de Tenerife, y otros dos en Arona, mientras que La Palma despacha todos los asuntos económicos otro representante del Ministerio Público. Ninguno de ellos ejerce con carácter exclusivo en esta materia. La coordinadora es Eloina Castro.
Según la última memoria, en 2024 esta sección formuló 12 escritos de calificación, todos por el delito de insolvencia punible o frustración de la ejecución, mientras que el año anterior presentó tan solo dos por defraudaciones tributarias.
Además, contabilizó 22 sentencias condenatorias (cuatro por delitos contra la Hacienda Pública; dos por fraude de cuotas con la Seguridad Social; una por fraude de subvenciones; una por delito societario; siete por insolvencia punible; cinco por administración desleal; una por apropiación indebida, y otra por falsedad documental) y seis absolutorias (tres por fraude de cuotas de la Seguridad Social, dos por insolvencia punible, y una por administración desleal).
Necesidad de “expertos”
Al igual que en las memorias precedentes, la Fiscalía de Canarias insiste en la necesidad de que las secciones especializadas en este tipo de delitos cuenten con “personas expertas en cuestiones financieras, tributarias y contables”, ya que “facilitarían mucho la labor del fiscal al abordar estas materias”.
El Ministerio Público subraya que para poder afrontar esta especialidad de forma eficaz “son necesarios conocimientos especializados en diversas materias, tanto jurídicas -muchas veces materias no penales- como no jurídicas -económicas, contables-”. A “la complejidad propia de la materia”, agrega la Fiscalía, hay que añadir que Canarias “tiene algunas peculiaridades que no se pueden obviar”, su régimen fiscal especial.
