04 ago. 2025 - 04:30
Crece el malestar contra el Gobierno entre los altos funcionarios del Estado. Inspectores de Trabajo, de Policía, de Hacienda, funcionarios locales con habilitación nacional, jueces o fiscales han hecho en las últimas semanas frente común contra el Ejecutivo, unidos por un asunto transversal: la reforma de las oposiciones de acceso a los cuerpos de la Administración A1 y A2.
La intención del Ejecutivo, desvelada por el ministro de Función Pública, Óscar López, es que en adelante deban pasar por un posgrado para conseguir la plaza. Los aspirantes tendrán que pasar dos exámenes. Primero tendrán que hacer una prueba de acceso para una formación específica. Quienes obtengan las mejores calificaciones cursarán un máster de dos años que finalizará con un examen para obtener la plaza.
Sin embargo, el sentir que cunde entre los altos funcionarios es que la reforma que plantea el Gobierno «pretende sustituir los actuales procesos selectivos, exigentes e imparciales, por procesos a la carta que pondrán en peligro la preparación del funcionario y que entrañan una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia», como pusieron de manifiesto hasta diez asociaciones profesionales en una atípica carta conjunta al ministerio.
Los firmantes de la misiva, enviada el 22 de julio, son los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital), Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación de Abogados del Estado y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (Acsiae).
Fruto de la polvareda, que ha motivado incluso que el PP exija la intervención de Bruselas, la secretaría de Estado de Función Pública convocó a las asociaciones a una reunión en la sede del ministerio esta semana. De ella, sin embargo, «salimos más preocupados», explican desde la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que entre otros integra a Apsital.
Según detallan, la propuesta del ministerio «solamente refleja puntos de vista afines, no las preocupaciones de la ciudadanía ni lo que ésta considera que debe mejorar en la Administración General del Estado». Además, alertan de que si prospera la reforma, «se producirá un debilitamiento de la Función Pública».
El descontento de Fedeca por la reforma de las oposiciones se suma al enorme enfado motivado por la cesión a País Vasco y Cataluña de la habilitación nacional. Un traspaso, exigido por Junts, PNV y ERC, que no solo debilita la estructura administrativa de las entidades locales sino que también contribuye a terminar de dinamitar la presencia del Estado en ambas comunidades autónomas, según esta asociación.
Enfrentamiento por el fisco catalán
Las cesiones a Cataluña están también detrás del enfrentamiento entre el Ejecutivo con los inspectores y técnicos de Hacienda. Esta semana, tanto los primeros como los segundos han evidenciado su profundo malestar con el acuerdo entre la Generalitat y ERC para potenciar la Agencia Tributaria Catalana, ante el temor de que se vaya a obligar al personal de la Agencia estatal a pasar a la autonómica, abocada a recaudar todos los impuestos en territorio catalán por compromiso de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez.
Según IHE, ERC ha pactado con el Govern modificar el régimen jurídico del fisco catalán para reforzar su cuerpo funcionarial y dotarlo de autonomía en asuntos de personal. La propia Generalitat ha reconocido que la actual ATC carece de suficiente músculo para recaudar actualmente los impuestos en Cataluña, a pesar de que en los últimos meses ha activado una oferta de empleo para 200 nuevos funcionarios.
Lo que temen los inspectores temen que, en contra de su voluntad, se les pueda incorporar al nuevo fisco catalán, que carece de músculo para asumir la recaudación del cien por cien de los impuestos pactada entre PSOE y ERC. Actualmente la AEAT tiene más de 4.000 empleados en Cataluña, mientras que la ATC ronda los 830.
De ellos, solo 29 inspectores y 41 técnicos tributarios autonómicos, ambos del subgrupo A1, que realizan las funciones superiores de control tributario; por lo que no estaría preparada para asumir la gestión del IRPF en Cataluña, afirman desde el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.
«Cualquier tentativa de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT a una administración tributaria autonómica constituye un ataque frontal a la autonomía de organización de la AEAT, reconocida en su ley de creación, y a los derechos de sus trabajadores, que no pueden ser moneda de cambio de ningún intercambio político», aseguran desde IHE.
La mayoría de los empleados de la AEAT rechazará integrarse en la ATCGestha, Sindicato de Técnicos de Hacienda
De su lado, Gestha, que representa a los técnicos de Hacienda, advierte que la mayoría de los empleados de la AEAT rechazará integrarse en la ATC «pese a tener congelada la carrera y la movilidad». Entre otros motivos, porque la gran mayoría de los funcionarios de la AEAT en Cataluña procede de las últimas promociones y carece de arraigo en la región.
https://www.eldebate.com/economia/20250804/gobierno-dinamita-relacion-altos-funcionarios-estado_321924.html
