Empleo doméstico y obras en negro abonan la economía sumergida
G. ARCE / Burgos - viernes, 8 de agosto de 2025Los controles fiscales más férreos y digitales merman el movimiento de dinero negro entre las empresas, pero crecen las dificultades para perseguir los 'negocios' entre particulares para eludir impuestos, tirar precios y pasar de facturas y papeles
La economía sumergida permanece viva en Burgos y continúa mordiendo espacio a la economía legal, pero mutando los frentes en los que prospera para ocultarse. Sigue ganando protagonismo en las relaciones entre particulares, sobre todo con el empleo y los intercambios de bienes y servicios irregulares en la privacidad de los hogares y las redes sociales, y tiende a desaparecer en los últimos años -gracias a unos controles más estrictos y digitalizados- entre las empresas que operan en el mercado regulado.
Lo afirmado hasta ahora es la percepción de asesores, empresarios, firmas de gestión de personas y los técnicos de la Agencia Tributaria (AEAT) consultados, profesionales que conocen la realidad económica burgalesa, en la que -coinciden- persiste la cultura que blanquea el fraude fiscal y laboral, aunque en mucha menor medida que en otras provincias españolas.
Por su propia naturaleza, la economía sumergida no tiene números y se visualiza por estimaciones. Si atendemos a las realizadas por los últimos estudios nacionales e internacionales que la vinculan al Producto Interior Bruto (PIB) de los países, la horquilla más actualizada de España se mueve entre el 20-25% y el 17-20%, siendo uno de los países más 'contaminados' de Europa, tras Grecia e Italia.
Estos porcentajes aplicados a Burgos supondrían que un montante entre 1.800 y 2.600 millones de euros al año se mueve a espaldas del sistema, lo que visualizaría el poder del fraude, aunque son meras estimaciones del mismo.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda, representados por el sindicato Gestha, aseguran que la tendencia en todos los estudios sobre este fenómeno es «ligeramente al alza», aunque matizan que la Ley Antifraude vigente desde julio de 2021 ha supuesto una «contención» y un «punto de inflexión» en la evolución de la economía en negro.
Dos medidas, explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, han sido claves: la prohibición de pagos en metálico de más de 1.000 euros y el establecimiento de valores de referencia fiscales para la compraventa de los inmuebles. A ellas suma, la reciente homologación por parte de Hacienda de todos los programas informáticos de contabilidad para evitar fraudes en la facturación (obligatoria desde el 29 de julio), cuyo uso se extenderá al tejido productivo en un año, al incorporar a todo el colectivo de los autónomos.
Se han controlado también las sociedades de inversión (sicav), muy utilizadas por los grandes patrimonios; los cambios de sede fiscal de las grandes empresas o las rentas generadas en los denominados 'paraísos fiscales'.
Toda operación bancaria pasa múltiples filtros contra el fraude y el blanqueo de capitales, incluso los boletos premiados de la Lotería y de las diferentes apuestas son verificados con la identidad de la persona que los cobra para no incurrir en irregularidades fiscales o delitos.
En el ámbito de la empresa burgalesa prevalece un cumplimiento generalizado de las normas, especialmente aquellas -que son mayoría- en las que intermedian gestorías y asesorías fiscales y laborales, que legalmente tienen la obligación de denunciar el fraude, si lo detectan. «Mi experiencia profesional me confirma que impera una cultura del cumplimiento fiscal y que nadie se la juega. Se ha avanzado mucho en los últimos años y en los grandes núcleos empresariales de la provincia no se mueve la economía sumergida a escala empresarial», reconoce el economista Adolfo Tomé, de la asesoría empresarial Velázquez&Tomé.
